*Por René Gerez López
La violencia extrema en México continúa marcando con crudeza la vida cotidiana. Historias de cuerpos abandonados, asesinatos con saña, desapariciones, tortura y ataques a comunidades enteras han dejado de ser hechos excepcionales para convertirse en parte del paisaje informativo. Sin embargo, detrás de cada nota de prensa hay víctimas, comunidades heridas y una sociedad que corre el riesgo de acostumbrarse a lo inaceptable.
Causa en Común recopila mensualmente actos violentos registrados en medios en un informe titulado “Galería del Horror: atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios” que presenta, describe y analiza los principales hallazgos sobre este tipo de sucesos delictivos. Estas atrocidades se catalogan en una lista de 21 categorías, entre ellas: masacres, asesinatos cometidos con tortura, violación agravada, asesinatos de mujeres con crueldad extrema, de niñas, niños y adolescentes, así como de políticos y autoridades en materia de seguridad.
El pasado 22 de abril, Causa en Común presentó el informe correspondiente al primer trimestre de 2025, que documenta las atrocidades cometidas entre enero y marzo de este año. Durante este periodo se contabilizaron 1,138 notas periodísticas que reportan, al menos, 1,321 atrocidades y un total de 1,914 víctimas. Entre las atrocidades con mayor incidencia destacan los asesinatos con tortura (338 casos), la mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres (152 casos), los actos violentos contra la autoridad (134 casos) y la comisión de masacres (109 casos).
En promedio, se registraron 14 atrocidades y 21 víctimas por día por tipo de hecho, se documentó en promedio una masacre diaria, 1.6 casos diarios de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y 3.7 asesinatos con tortura. El asesinato de mujeres con crueldad extrema fue la tercera atrocidad más registrada (junto con las masacres), con al menos 109 casos, lo que equivale a un promedio de 8.3 por semana. Asimismo, se acumularon al menos 84 registros de fosas clandestinas, lo que equivale a un promedio de 28 por mes.
Entre las notas que destacan por su crudeza y relevancia se encuentran: el 3 de enero, cuando un niño asesinó de un disparo en la cabeza a su primo, ambos menores de edad, en el municipio de Soteapan, Veracruz; el 21 de febrero, cuando una pareja que viajaba en motocicleta perdió la vida tras la detonación de una granada de fragmentación frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en Acapulco, Guerrero; y el 6 de marzo, cuando siete personas fueron asesinadas durante un sepelio por sujetos armados en Apaseo el Grande, Guanajuato.
Aunque los registros de atrocidades abarcan todo el país, las cinco entidades con mayor número de casos durante el periodo fueron Sinaloa (176), Guanajuato (152) y Puebla (98). Como en cada entrega, debe señalarse que existe un número indeterminado de atrocidades que no fueron reportadas por la prensa, y que, por tanto, no figuran en el informe.
Los datos documentados no solo describen una realidad alarmante, sino que demandan respuestas urgentes y estructurales. La persistencia de estos patrones de violencia extrema no puede ser aceptada como un fenómeno inevitable. Por ello, es indispensable que la ciudadanía exija a los gobiernos, tanto locales como federal, la resolución de los casos que han agraviado a las comunidades, mediante investigaciones sólidas y transparentes.
Asimismo, es necesario adoptar aproximaciones sociológicas y psicológicas que permitan comprender las distintas realidades locales y generar estrategias de prevención más efectivas. Deben fortalecerse las capacidades institucionales, dotando de presupuesto, recursos técnicos y humanos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de garantizar una atención integral a las víctimas.
Es crucial financiar iniciativas que documenten, visibilicen y expliquen las múltiples formas de violencia presentes en el país, para así diseñar políticas públicas acordes con la magnitud del problema. Finalmente, es fundamental generar alianzas entre sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos para construir programas de seguridad, prevención y cohesión social que respondan a las condiciones particulares de cada región.
El informe completo puede ser consultado a través del siguiente enlace: https://www.causaencomun.org/atrocidades-registradas-en-medios
