*Por René Gerez López
El pasado 25 de septiembre, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional (GN). Esta reforma entrega formalmente dicha institución para ser operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Hacemos énfasis en la “formalización”, ya que esta decisión del Poder Legislativo no es más que la legalización del engaño arrastrado durante los últimos seis años.
En febrero de 2019, se aprobó la iniciativa que creó la GN, un nuevo cuerpo policial de naturaleza civil encargado de la seguridad pública a nivel federal. Esta nueva institución, en colaboración con las policías estatales y municipales, buscaba consolidar una estrategia que redujera los niveles de delincuencia y violencia en el país. Para lograr el fortalecimiento y desarrollo de la Guardia, la reforma incluyó un artículo transitorio que permitió la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad, bajo los principios de intervención extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
El 30 de junio de 2019, en un acto denominado “despliegue por la paz”, se dio el arranque oficial de las funciones de la GN con el despliegue de 70 mil elementos, la mayoría provenientes de la SEDENA y Secretaría de Marina (SEMAR), en 150 regiones del territorio nacional. De acuerdo con la ley, a la Guardia Nacional le fueron transferidas 43 atribuciones, entre las que destacan: salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social; prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas; vigilar instalaciones estratégicas; realizar tareas de verificación e investigación para la prevención de delitos y de infracciones administrativas; poner a disposición de las autoridades competentes a personas y bienes; recibir denuncias; efectuar detenciones y aseguramiento de bienes; dar atención a víctimas; imponer sanciones; inspeccionar documentos migratorios y resguardar estaciones migratorias.
A pesar de haber sido creada con el propósito de reforzar la seguridad pública y combatir la delincuencia, nunca existió una verdadera voluntad política para capacitar y certificar a los elementos de la GN. Según lo establecido en la ley, tanto los nuevos elementos de la GN como los militares que colaboraran en tareas de seguridad debían someterse a las definiciones del Programa Rector de Profesionalización y acreditar materias como: primer respondiente, ética policial, derechos humanos, detención y conducción de personas, atención a víctimas y mediación policial. Sin embargo, el último informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México evidenció que para abril de 2024 unicamente tres cuartas partes de los elementos habrían completado estos cursos, aunque no existe ninguna instancia que lo verifique.
Frente a las irregularidades e inconsistencias bajo las que operaban la GN y las FFAA, en agosto de 2022, el presidente López Obrador anunció que presentaría una propuesta legislativa para que la GN dependiera completamente de la SEDENA, misma que fue aprobada en septiembre. Posteriormente, en noviembre del mismo año, un decreto modificó el artículo transitorio para extender la participación de las FFAA en tareas de seguridad de 2024 a 2028. En abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma que transfería el control operativo de la GN a la SEDENA, y se concedió un plazo a las autoridades involucradas para realizar los ajustes necesarios y devolver el control administrativo y operativo de la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El plazo para cumplir con la sentencia de la Corte venció el 1 de enero de 2024, y en incumplimiento de dicha orden, el presidente reveló finalmente sus verdaderas intenciones. El 5 de febrero anunció que presentaría una reforma constitucional para finalmente formalizar la entrega de la Guardia a la SEDENA.
La aprobación de la reforma no solo formaliza el engaño que ha caracterizado la seguridad pública durante este sexenio, sino que también abre un capítulo oscuro para la democracia en México. Lo que comenzó como una promesa de un cuerpo civil terminó por revelar el verdadero rostro de un proyecto militarista sin precedentes. Este movimiento deja al país en una posición extremadamente vulnerable, donde el poder de las FFAA se extiende peligrosamente hacia esferas que deberían ser controladas por instituciones civiles. Además de los riesgos inherentes a esta militarización, es evidente que este proyecto ha fracasado en cumplir su objetivo principal: reducir la violencia y la inseguridad que siguen azotando al país. Los niveles de violencia no han disminuido, y la estrategia de seguridad pública ha demostrado ser incapaz de ofrecer resultados tangibles. El legado de esta reforma va más allá de una simple estrategia de seguridad: pone en jaque los principios democráticos al normalizar la militarización de tareas que corresponden a un Estado de derecho, mientras siembra las bases para un futuro incierto, en el que el poder militar podría fácilmente socavar las instituciones democráticas que tanto ha costado construir.
