Autora: Vanessa Matamoros Nava
Medio: Zona Franca
La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un intenso debate en la esfera política y social del país. Presentada como una iniciativa para democratizar la justicia y combatir la corrupción en el sistema judicial, esta reforma introduce cambios significativos que podrían transformar la estructura y funcionamiento de uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana. Sin embargo, no faltan las voces críticas que alertan sobre los posibles riesgos de politización y pérdida de independencia del Poder Judicial, elementos esenciales para el equilibrio de poderes en cualquier democracia sólida.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9. Esta medida, busca hacer el trabajo del tribunal más ágil y eficiente. Sin embargo, la reducción de ministros podría concentrar aún más el poder en menos manos, lo que suscita preocupaciones sobre la representación y pluralidad de opiniones en las decisiones judiciales más importantes del país.
Otro cambio radical de la propuesta de reforma es que los ministros de la SCJN, así como los magistrados de tribunales federales y jueces de circuito, sean elegidos por voto popular. Esto significa que, los ciudadanos tendrían la responsabilidad de elegir a quienes impartirán justicia en el país, algo que, en principio, podría parecer un avance hacia una mayor participación democrática. Sin embargo, este cambio también podría implicar la politización del proceso de selección, donde los candidatos judiciales estarían sujetos a las mismas dinámicas electorales que los políticos, lo cual podría comprometer su imparcialidad y objetividad.
Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encargado de resolver las controversias en materia electoral, también sería objeto de reformas. Se propone reducir el número de magistrados de 7 a 5, quienes igualmente serían elegidos por voto popular. Esto podría afectar la forma en que se resuelven los conflictos electorales, un aspecto crítico en un país donde las elecciones suelen estar rodeadas de controversias.
Otro aspecto relevante de la reforma es la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros de la SCJN, lo que ha sido interpretado por algunos como un ataque a la independencia económica de los jueces. Mientras que esta medida busca evitar privilegios excesivos, también podría desincentivar a candidatos altamente calificados que buscan estabilidad después de su servicio en la Corte.
La narrativa oficial de que esta reforma es necesaria para acercar la justicia al pueblo y erradicar la corrupción es, en el mejor de los casos, un argumento simplista que no toma en cuenta las complejidades del sistema judicial. En realidad, la propuesta parece más bien un intento de debilitar la independencia judicial, un pilar fundamental en cualquier democracia. El presidente López Obrador ha afirmado repetidamente que el sistema judicial está “podrido”, pero la solución no puede ser la politización de las instituciones que deben permanecer neutrales y ajenas a las luchas de poder.
Diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, han alzado la voz contra esta reforma. The Washington Post ha advertido que podría llevar a una politización peligrosa del sistema judicial, mientras que Human Rights Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por los impactos que podría tener en los derechos humanos y en la protección de las garantías individuales.
La aprobación de esta reforma podría tener consecuencias devastadoras para la democracia mexicana. Más que una simple reconfiguración del sistema judicial podría significar la consolidación de un poder centralizado y sin contrapesos efectivos. Los defensores de la reforma argumentan que se trata de un paso necesario para democratizar un sistema judicial que ha sido históricamente inaccesible y corrupto. Sin embargo, el verdadero peligro radica en que, bajo la apariencia de una democratización, se esté construyendo un sistema judicial subordinado al poder político, incapaz de actuar como un contrapeso real.
Para quienes valoran la independencia judicial y el equilibrio de poderes, esta reforma no es sólo preocupante; es inaceptable. En lugar de fortalecer la justicia, podría someterla a los caprichos de la política, destruyendo la confianza pública y debilitando los derechos fundamentales de los ciudadanos. La historia ha demostrado que cuando el poder judicial pierde su independencia, la democracia se encuentra en peligro.
México enfrenta un momento decisivo. La reforma al Poder Judicial no solo define el rumbo del sistema de justicia, sino que podría determinar el futuro de la democracia en el país. Es crucial que los legisladores y la sociedad civil comprendan las profundas implicaciones de esta propuesta y actúen para proteger la independencia judicial. A medida que el Congreso se prepara para votar sobre esta reforma, es fundamental que se consideren las posibles consecuencias a largo plazo y que se mantenga un firme compromiso con la defensa de un sistema judicial imparcial, independiente y justo.
