Por: Fernando Escobar Ayala
No es extraño, ni tampoco reciente o privativo de México, que a la población privada de su libertad se le imagine como antagonista de la moral de un público mayormente escandalizado y aterrado por el crimen. Los ecos de la ilegalidad, el vicio y la maldad, se imaginan consignados dentro de un recinto antes que otra cosa estimado como un baluarte contra la delincuencia (sobre la que se espera que recaigan castigos), y sólo muy secundariamente como una puerta conducente a su reinserción social. A grandes rasgos, así es como se comúnmente se entiende a las cárceles: mecanismos útiles para poner lejos, fuera de vista, a una población desestimada por el grueso de la sociedad, sin las diatribas morales de tener que preocuparse por lo que ocurre al interior de las prisiones.
Esta valoración positiva del castigo carcelario es el sustrato histórico de su justificación, de la indiferencia que comúnmente se impone sobre la población penitenciaria. Y como tal, depende de ese distanciamiento, físico y simbólico, por el que incorrectamente se asume a la vida carcelaria como una realidad distante y opuesta a la experiencia social cotidiana. Desde luego, las cárceles no dejan de ser parte de la sociedad y, como toda institución, son un reflejo de la época a la que pertenecen. Más allá de rebatir las omisiones y falsedades del sentido común, importa resaltar que no hay signos de que en el país estemos saliendo de este paradigma carcelario. Es importante asumirlo, porque esa valoración y ese entendimiento estándar sobre las cárceles, son el punto de partida sobre el que se funda el desconocimiento de la realidad del sistema penitenciario en México.
De acuerdo con el último informe de Impunidad Cero, el 86% de la población entrevistada cree que todos los delitos deben castigarse con cárcel, y el 76% cree que todas las personas acusadas de un delito deben estar presas en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa.[1] En primer lugar, estos datos ilustran la predominancia de un ánimo notoriamente punitivo entre la sociedad mexicana, seguramente explicable como la reacción emocional ante la inseguridad e impunidad reinantes en nuestros tiempos. A su vez, muestran la distancia entre el sentido común del grueso de la población y las propósitos (señalados en la Constitución) hacia los que debe tender el sistema penitenciario nacional: la reinserción social de la población privada de su libertad y la priorización de mecanismos alternativos de justicia que reduzcan la dependencia a las cárceles.[2]
La pasión punitiva, abundante entre la sociedad mexicana, es la piedra de toque sobre la que se alimenta la indiferencia por el fracaso de nuestro sistema penitenciario y el nulo escándalo que provoca la indignidad de las condiciones de vida dentro de las cárceles del país. No es una historia nueva, de hecho es de sobra conocida. Sabemos por fuentes oficiales, por ejemplo, que hasta agosto de 2023, había 234,561 personas en las cárceles del país; 40% de ellas aún no reciben una sentencia y, por tanto, son inocentes. Conocemos también que, por regla, son más las personas que ingresan que las que egresan de las cárceles, provocando que la capacidad del sistema penitenciario se encuentre rebasada. Hasta el pasado agosto, había 15,890 personas privadas de su libertad más de las que nuestras prisiones pueden albergar, y el 48% de los centros penitenciarios del país (139) reportaban sobrepoblación.[3] A esto sumémosle el cierre de cinco penales durante el presente sexenio, lo cual ha reducido la capacidad instalada del sistema penitenciaria y afectado su estabilidad.[4]
Desde luego, cada centro penitenciario es en sí mismo un microcosmos, con sus propias particularidades, dinámicas y problemáticas (en algunos más exacerbadas que en otros). De cualquier manera, la tendencia nacional ofrece un panorama del conjunto de deudas pendientes que mantiene el Estado mexicano con la población carcelaria, quienes también son sujetos de derechos. Problemas en la distribución y clasificación, hacinamiento y malas condiciones de vida, el endurecimiento de las leyes. No existe diagnóstico que no alerte sobre la precariedad en que viven las personas privadas de su libertad en el país. El hecho de que lo sepamos, que tengamos fuentes y cifras con los que advertirlo, sin que conmuevan o motiven alguna reacción oficial, es ilustrativo de una indiferencia profunda hacia la vida carcelaria.
Pienso en lo que tiene que ver con la seguridad dentro de las cárceles. De acuerdo con el INEGI, en 2022 se registraron 292 personas privadas de su libertad fallecidas como resultado de incidencias: desde homicidios, hasta riñas, intentos de fuga y motines. Se trata de la cifra más elevada desde que se lleva el registro en 2018, suponiendo un aumento de 179% con respecto a 2021. Sin embargo, en la última década se ha venido destapando un fenómeno aún más grave y complejo, que además prácticamente no ha sido estudiado.
Dice la antropóloga Natalia Mendoza que la creciente violencia en México es también la historia de la expansión y privatización de las economías de extorsión.[5] Hoy en día, en el país existen numerosas empresas privadas de la violencia (cárteles, pandillas, bandas, o como quiera llamárseles) que se han abrogado el derecho de “cobrar” rentas o cuotas a diferentes segmentos de la población, extrayendo así un beneficio privado de un sinfín de servicios públicos; muchas de las veces actuando en contubernio con las autoridades. La operación de estos grupos ha generado un violento sistema de concesiones para el control sobre el territorio y los bienes, con el que se decide y se restringe el tránsito por las carreteras, el transporte o venta de mercancías, la distribución de agua y demás productos, el derecho a la seguridad, etcétera.
Me parece que un fenómeno similar se ha venido gestando al interior de las cárceles del país. Sabemos gracias a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), que al menos el 31% de la población carcelaria del país ha tenido que pagar para acceder a agua potable, otro 30% ha pagado para contar con medicamentos y 28% para tener una cama. Arriba de un tercio del total de dichos pagos, ha sido entregado a otros custodios.[6] A su vez, abundan los señalamientos, desde el interior de las cárceles, sobre otros internos que controlan las llaves, la asignación y la vigilancia de celdas, la protección y la imposición de castigos; y la participación en actividades deportivas y escolares.
Estos datos muestran cómo el gobierno de numerosas cárceles[7] del país ha pasado a ser delegado a un conjunto de “castas presidiarias”, las cuales disminuyen el control del Estado sobre el sistema penitenciario, impidiendo su organización sobre el respeto y la promoción de los derechos humanos, y actuando en perjuicio de las personas privadas de la libertad que no forma parte de estos grupos.
Urge que la opinión pública se vuelque a conocer mejor y a denunciar la penosa realidad de las cárceles en el país. Condenándolo al olvido, como se le ha mantenido en los últimos años, hemos pasado por alto que el sistema penitenciario constituye un eslabón importantísimo para el funcionamiento de la seguridad pública. El tipo de trato que recibe la población privada de su libertad, es un indicador para hablar de una sociedad justa. Partiendo de ese principio, es difícil hablar bondades de las instituciones de nuestro país. Pero al menos sirve para definir hacia donde poner la vista.
[1] Impunidad Cero, Percepciones de Impunidad 2023. Disponible en: https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/186/contenido/1691794254C79.pdf
[2] Así aparece marcado en: Artículo 18°, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[3] Véase: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional (agosto 2023). Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/860682/CE_08_2023.pdf
[4] Véase: Maïssa Hubert Chakour, “Cerrar cárceles para perpetuar el modelo.”, Nexos, 5 de octubre de 2020. Disponible en: https://seguridad.nexos.com.mx/cerrar-carceles-para-perpetuar-el-modelo/#_ftn1
[5] Véase: Natalia Mendoza, “La privatización de la ilegalidad”, en: Escalante, Fernando (ed.), Si persisten las molestias (Noticias de algunos casos de ceguera ilustrada), Ediciones Cal y Arena, México, 2018, p. 30.
[6] INEGI, Encuesta Nacional de Población Penitenciaria 2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf
[7] De acuerdo con el último reporte de la CNDH, al menos 42 centros penitenciarios de los 235 examinados, presentaban condiciones de autogobierno; es decir, constituyen recintos en donde las personas privadas de la libertad ejercen o participan en actividades propias de la autoridad. Véase: CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-06/DNSP_2022.pdf
