Por: Alejandro Vaquez
El INEGI presentó el pasado 9 de febrero, el documento “Los gobiernos municipales en México, volumen III: seguridad pública, justicia y buen gobierno”. En él, a partir de los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMyDT) 2021, se describen “las capacidades institucionales de los municipios del país para realizar las tareas de seguridad pública y atender los asuntos en materia de justicia cívica”. La publicación de este documento es un esfuerzo que nos permite contar con un panorama muy detallado del trabajo de los gobiernos municipales en la materia. ¿Qué nos dice sobre las policías locales de Guanajuato?
En primer lugar, los municipios de Guanajuato cuentan con una tasa de 1.6 policías municipales por cada mil habitantes, colocándose como el 8º. estado con más elementos de estas corporaciones. El presupuesto destinado a los organismos municipales de seguridad pública ha crecido, en términos reales, 78% entre 2016 y 2020; no obstante, el número de elementos lo ha hecho solo en 19%.
Estos aumentos presupuestales tampoco se han transformado en policías que laboren en condiciones adecuadas, presentándose aun rezagos preocupantes. El más grave es que 17 municipios no reportaron que sus elementos contaran con seguro de vida, a pesar de que el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) contempla que se deben brindar seguros que protejan o compensen a los familiares en caso de fallecimiento del policía o por incapacidad total o permanente derivada de sus funciones. Además, 20 municipios no brindaban seguridad social, en 30 municipios no contaban con días de permiso, en 36 no hay apoyo de servicios psicológicos para los elementos.
En Guanajuato el 68.5% del presupuesto en seguridad pública municipal se destina al Capítulo 1000 dedicado principalmente al pago de salarios, siendo el cuarto estado que mayor proporción del presupuesto dedica a este apartado. Que una proporción tan grande del presupuesto se dedique al pago del personal, limita los recursos para invertir en infraestructura, equipo o capacitación y pone en mayor riesgo a los policías. Vale mencionar que durante 2022 Causa en común registró, mediante seguimiento hemerográfico, el asesinato de por lo menos 46 policías municipales en el estado.
Estas condiciones provocan malestar y demandas de los policías a los mandos y autoridades municipales. En ese sentido Causa en común identificó, mediante seguimiento hemerográfico, por lo menos cuatro paros y manifestaciones de policías municipales durante 2022 en los municipios de San José Iturbe, Irapuato y Celaya.
Los municipios son el ámbito de gobierno más cercano a la ciudadanía, aquel que debe resolver los problemas más cotidianos de la población. El documento presentado por INEGI es un importante insumo que ayuda a observar que, ante la crisis de violencia que vive el estado, es necesario reforzar materialmente, capacitar y profesionalizar a las policías municipales. Esta es una condición necesaria para aprovechar su presencia en territorio y que se conviertan en fuerzas que contribuyan a la paz.
