Por Estefanía López Mendoza
Más allá del hecho de que alrededor de la mitad de la población del país desconfía de las policías, parece que la ciudadanía y las autoridades han olvidado que los elementos que conforman estos cuerpos de seguridad también son ciudadanos, y, en consecuencia, son sujetos de derechos políticos, laborales y de seguridad.
Como se ha documentado desde Causa en Común, la inseguridad también afecta a las policías, al grado que, en lo que va del sexenio (1 de diciembre de 2018 al 17 de agosto de 2023), 2,098 elementos han perdido la vida a causa de hechos violentos como ataques con arma de fuego, emboscadas o secuestros y tortura -como sucedió en días recientes con cinco elementos de Villa Hidalgo, Zacatecas. En este sentido, los policías están sujetos a padecer condiciones de vulnerabilidad similares a las de cualquier otro grupo social, pero con niveles de riesgo mucho más altos. Otro ejemplo de su situación de vulnerabilidad son las condiciones laborales a las que se enfrentan. Tan solo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2023, suman al menos 361 movilizaciones de policías, entre las que se encuentran 159 paros, 141 manifestaciones, y 61 emplazamientos a paro. Cabe destacar que entre las principales motivaciones de los policías no solo se encuentra el incremento salarial, sino el pago de salarios y prestaciones atrasadas, la entrega de equipo como uniformes y patrullas, apoyos para alimentación y días de descanso.
Frente a estas cifras, cabe tener en cuenta el programa de la actual administración respecto a la profesionalización y desarrollo policial. A mediados del 2019 fue aprobado el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual tiene como objetivo fortalecer a las policías municipales y estatales, articular de forma efectiva dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las fiscalías generales para prevenir el delito, fortalecer su investigación, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública. Por otra parte, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de finales de 2021, se presentó el Informe de Indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, en el cual el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) evaluó a las policías pertenecientes a municipios con mayores índices de incidencia delictiva, concluyendo que el tema más preocupante era la reducida inversión en mejorar los salarios de los policías, así como sus prestaciones.
En lo que se refiere al salario, de acuerdo con información del INEGI, en 2020 43% del personal de seguridad pública municipal percibió ingresos mensuales de entre $5 mil y $10 mil pesos. En junio de 2021 el SESNSP y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos presentaron el documento Propuesta de Salario Digno para Policías, donde se planteó la estimación de un salario digno de los policías en México, siendo éste de $13,639 pesos al mes.
Ahora bien, contrario al Modelo Nacional de Policía, en los últimos cuatro años se ha visto un estancamiento y un recorte al presupuesto destinado a las policías, junto a una acelerada militarización de la seguridad pública, lo cual deja ver que el desarrollo policial no ha sido una prioridad. En este sentido, ¿cómo se espera mejorar la situación de inseguridad y violencia del país si sus elementos de seguridad no cuentan con un desarrollo profesional ni condiciones laborales dignas?
