Por. Luis Carlos Sánchez Díaz.
Las extorsiones y los secuestros se convierten en delitos que mantienen un alto grado de impunidad en nuestro país. Por tal motivo, resulta indispensable comprender las manifestaciones y consecuencias de dichos crímenes en nuestro país.
De acuerdo a la ENVIPE 2022, 22.1 millones de personas fueron víctimas de algún delito, siendo los robos, fraudes y extorsiones los delitos que presentan una mayor frecuencia. En el caso de las extorsiones, ocurrieron 4.9 millones durante 2021. De igual manera, este delito se presenta en su mayoría en un contexto urbano, siendo la modalidad de extorsión telefónica la que prevalece en el 90% de los casos. En cuanto a la cifra negra, que es otro de los puntos sustanciales para comprender las repercusiones de los delitos, se calculó que el 97.4% de las extorsiones no fueron denunciadas. Desafortunadamente, esta crisis en la denuncia tiene efectos en las cifras institucionales, ya que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2022, solo se cometieron 13,060 extorsiones en todo el país y en entidades como Chihuahua, Tlaxcala y Yucatán solo reportaron menos de 10 casos.
En cuestión de las modalidades las más comunes que se han presentado en los últimos años son: las extorsiones telefónicas y el llamado “cobro de piso”, aunque se ha observado un incremento en las extorsiones por medio de aplicaciones de préstamos crediticios (también llamados préstamos “gota a gota”) y las extorsiones sexuales. De acuerdo a las cámaras de comercio, más de 820 mil intentos de extorsión fueron reportados en 2021 por productores, pequeños comerciales y prestadores de servicios.
Ejemplos de lo anterior los encontramos en Guerrero, en donde repartidores y comerciantes de pollo y tortillas fueron amedrentados y en ocasiones asesinados por negarse a pagar la extorsión. Lo mismo ocurre para los productores de limón y aguacate en Michoacán, en donde deben de pagar cuotas en especie a los criminales.
Como se puede analizar, la extorsión no solo genera daños materiales en cuestión económica, sino que provoca daños comunitarios y de salud para las víctimas de este tipo de delito. Para ello se requieren de verdaderas estrategias de seguridad en las cuales se puedan analizar las economías criminales y el funcionamiento de las técnicas de extorsión que ocurren en las diversas regiones del país.
Para ello debemos de apostar por el fortalecimiento de capacidades institucionales a fin de mejorar los protocolos de atención de víctimas, erradicar la revictimización y mejorar los procesos de denuncia. Además, debemos de reformar el Código Penal Federal, con la finalidad de integrar las nuevas modalidades de extorsión y establecer criterios de judicialización de manera homologada en todo el país.
Por último, el gran reto radica en trabajar corresponsablemente entre sociedad y autoridades a fin de evitar normalizar este tipo de delitos. Para ello, se deben de emprender campañas que adviertan y orienten a la ciudadanía sobre acciones de prevención y denuncia, solo de esta forma podremos reducir este cáncer que tanto ha lacerado a nuestro país.
