*Por René Gerez López
A un mes de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, las cifras de violencia reflejan un panorama desolador, mientras los recortes presupuestales para seguridad pública en 2025 generan más incertidumbre. ¿Cómo enfrentar a un enemigo cada vez más poderoso con menos recursos? Este artículo analiza un inicio de sexenio marcado por la continuidad de la crisis.
Ha transcurrido un mes desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, y las promesas emitidas desde Palacio Nacional siguen siendo las mismas: trabajar para recuperar la paz. Lamentablemente, los primeros 31 días han ofrecido poco en términos de esperanza. La guerra que continúa devastando Sinaloa, el control territorial y político de los grupos criminales en Guerrero y la persistente violencia en Guanajuato son solo algunos de los eventos que dificultan vislumbrar un futuro prometedor en materia de paz y justicia.
Al hacer un recuento de los registros de Causa en Común, se puede delinear un panorama real del primer mes de la nueva administración. Con corte al 31 de octubre de este año, se han documentado 3,864 atrocidades en todo el país. Octubre destaca con 448 casos registrados, convirtiéndose en el segundo mes con más atrocidades del año, solo por debajo de julio, que reportó 504. Entre las categorías más alarmantes de este periodo se encuentran la tortura (132 casos), mutilación y descuartizamiento de cadáveres (75 casos), masacres (40 casos), asesinato de mujeres con extrema violencia (32 casos) y el asesinato de funcionarios y actores clave en materia de seguridad (28 casos).
En las últimas semanas, ciertos estados han experimentado un recrudecimiento notable de la violencia. Según los registros, Sinaloa encabeza la lista con 54 atrocidades, seguido de Guerrero (45), Guanajuato (41), Baja California (24) y Morelos (24).
En lo que respecta al asesinato de policías, el sexenio comenzó replicando la tendencia del gobierno anterior. Octubre superó el promedio anual de un policía asesinado al día, registrando 34 elementos de las fuerzas de seguridad asesinados (276 casos acumulados en lo que va del año). Del total, el 58.7% pertenecían a corporaciones municipales y el 38% a estatales. Tabasco encabezó los estados con más bajas, reportando 6 asesinatos, seguido de Guanajuato (5), Guerrero (4) y Chiapas (3).
En cuanto a las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, octubre registró 2,564 víctimas de homicidio, 7,738 casos de narcomenudeo, 48 víctimas de secuestro, 70 feminicidios, 943 casos de extorsión, 74 de trata de personas, 23,405 incidentes de violencia familiar y 3,493 robos de vehículo. Comparado con octubre de 2023, las cifras muestran una tendencia casi invariable, con fluctuaciones de entre el 2% y el 5%.
El panorama del primer mes de gobierno se oscurece aún más con la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025. Este documento contempla recortes significativos en áreas prioritarias, incluida la seguridad pública. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que había expresado su intención de construir una fuerza de inteligencia e investigación sin precedentes, enfrentará una reducción del 36% en su presupuesto, pasando de 105,383 millones de pesos a 70,422 millones. Por su parte, la estrategia de militarización de la seguridad, que en los últimos seis años no ha demostrado ser efectiva, también verá recortes: 43.8% menos para la Secretaría de la Defensa Nacional y 9.1% menos para la Secretaría de Marina. Aunque el Fondo Federal para el Desarrollo de Policías Locales recibió un incremento del 3.7%, alcanzando 9,500 millones de pesos, este monto resulta insuficiente para mantener, y mucho menos mejorar, las capacidades de las policías locales.
En conclusión, si bien los recortes presupuestales responden a la urgente necesidad de atender un déficit financiero generalizado que afecta a todos los sectores, resulta especialmente preocupante que las corporaciones de seguridad vean disminuidos sus recursos en un momento crítico. México enfrenta un adversario cada vez más poderoso, con grupos criminales que no solo amplían su control territorial, sino también su influencia económica y política. Reducir el presupuesto en este ámbito debilita la capacidad de las instituciones para enfrentar estos desafíos, poniendo en riesgo la construcción de estrategias efectivas que fortalezcan la inteligencia, investigación y reacción de las fuerzas del orden. Si la promesa es realmente recuperar la paz, resulta imperativo replantear las prioridades y asignar los recursos necesarios para cumplirla.
