Por: Estefanía López Mendoza
El pasado 21 de enero, las redes sociales se vieron incendiadas debido a un acontecimiento que ha causado bastante indignación: la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto culpable de haber pagado 30 mil pesos a dos trabajadores de la construcción para agredir con ácido a su expareja sentimental, la joven saxofonista María Elena Ríos el 9 de septiembre del año 2019.
A pesar de que el sujeto en cuestión habría sido detenido en el mes de abril del 2020, a inicios del 2023 no se ha visto ningún avance tangible en la impartición de justicia de este caso. Por el contrario, la joven María Elena Ríos lleva casi 3 años esperando que el presunto autor intelectual de su agresión reciba una sentencia condenatoria, y además no ha recibido una reparación integral del daño causado por estos hechos. Lo que es más, la liberación de su agresor y la reducción de medidas cautelares brindadas a la joven por parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México[1], no hacen otra cosa sino mandar un mensaje claro para la ciudadanía: que el proceso de impartición de justicia en el país es lento y no ofrece garantías de no repetición.
Si en este caso de tentativa de feminicidio se ha hablado de impunidad, ¿qué sucede con los casos de feminicidios y homicidios de mujeres en el país? En lo que respecta al delito de feminicidio, de acuerdo con el estudio titulado “Índice de Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022” -a cargo de la organización Impunidad Cero-, de 2016 a 2021 la cifra de impunidad de feminicidios fue de 56.6% a nivel nacional, mientras que para el estado de Oaxaca, en el mismo periodo de tiempo, la cifra de impunidad fue del 100%.[2] En lo que respecta a los homicidios dolosos de mujeres, en el 2021 el 63% de estos delitos fue clasificado como homicidio culposo, lo cual implica que no hay garantía de acceso a la justicia en dichos casos.
Ahora bien, al poner en la balanza la cifra de impunidad y la cifra de personas privadas de la libertad sin una sentencia condenatoria, emergen dudas respecto a la eficacia del sistema de impartición de justicia. Por ejemplo, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Estatal 2022 del INEGI, del total de la población que se encontraba privada de la libertad en el año 2021, el 42.1% permanecía en prisión sin una sentencia. Entonces, si esta cifra se compara con los datos del 2020 arroja un aumento del 7.6%, razón por la que cabe señalar que en un sistema de impartición de justicia eficaz el número de personas que permanecen en prisión sin una sentencia condenatoria tendría que ser menor año con año; además, los homicidios dolosos de mujeres tendrían que ser catalogados como feminicidios en lugar de homicidios culposos para que haya una adecuada investigación de los hechos.
El proceso de impartición de justicia del intento de feminicidio ocurrido en Huajuapan de León, Oaxaca, pone en evidencia las carencias del sistema de impartición de justicia; este evento no solo se ha convertido en un caso emblemático de impunidad, sino que el proceso también ha revictimizado a la joven María Elena Ríos, a quien expresamos toda nuestra solidaridad.
[1] Véase: El Financiero, “María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido, denuncia que le reducirán medidas de protección”, disponible en: https://bit.ly/3HnSYRr
[2] Impunidad Cero, Impunidad en Homicidio doloso y feminicidio en 2022, disponible en https://bit.ly/3XVRHH3
