Guanajuato, Gto. El pasado primero de mayo se cumplió un año de que se incendiara el basurero municipal de Guanajuato, un fuego que afectó más de 40 hectáreas del sitio de disposición final, básicamente todo su perímetro.
El incendio causó nueve días de mala calidad del aire, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato.
En diez días pudo controlarse y casi tres meses después, se extinguió al 100 por ciento gracias a las lluvias de julio, que junto con la maquinaria pesada y la cobertura de tepetate, lograron que las últimas combustiones subterráneas se extinguieran.
El Gobierno Municipal destinó cerca de 4 millones de pesos a las labores de extinción.
Las afectaciones concretas al medio ambiente —más allá de la calidad del aire— se desconocen incluso por el área de Medio Ambiente del Municipio de Guanajuato. Y es que a través de una solicitud de transparencia (110196300100723) en la que se preguntó al Gobierno Municipal por los daños al medio ambiente que ocasionó el siniestro, así como el impacto en la salud de la población, la respuesta del área (autoridad que se consideró competente para responder por Transparencia) fue reconocer el desconocimiento en los datos.
“Se le informa que la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, unidad adscrita a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, no cuenta con la información instada, por lo que, se le sugiere, solicitar a las unidades operativas que participaron en la contingencia”, contestan.
El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG), a través del presidente de su Consejo, Héctor Morales reconoció que cerca de un 40 por ciento del agua que se destinó a la extinción del incendio (5 megalitros), fue potable.
SMAOT advirtió reiteradamente que el basurero operaba fuera de regla
Desde meses antes, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) había advertido que el basurero de Guanajuato operaba “a cielo abierto” y fuera de la NOM-083-SEMARNAT-2003.
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De acuerdo al Dictamen Técnico el 19 de abril de 2023 (un mes antes del incendio), la SMAOT hizo tres recomendaciones al Gobierno Municipal a implementar a “corto plazo”.
- Actividades de conformación y compactación de plataformas, terrazas, taludes y bermas mediante maquinaria pesada.
- Implementar un sistema de manejo de biogás.
- Implementar un sistema de manejo de lixiviados.
Foto: Cortesía
De acuerdo con una solicitud de Transparencia de Zona Franca al Gobierno Estatal (111100500426423), la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato (PAOT), en una visita programada al sitio de disposición final de Guanajuato y que ocurrió cinco días después de que iniciara el incendio, advirtió una serie de irregularidades en las que operaba el lugar.
Entre ellas, señaló que el basurero no realizaba la compactación mínima de los residuos, lo que habría evitado que el incendio se propagara.
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Si bien, el alcalde rechazó tener responsabilidad en el origen del incendio, aunque reconoció que la entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), Isabel Ortiz Mantilla le recomendó destinar el presupuesto del Fondo para el Mejoramiento y Descentralización Ambiental (FOAM) a estudios para el basurero desde un año antes del siniestro.
“¿Quién es el culpable de que se haya prendido el basurero? Pues no podríamos encontrar culpables, ¿no? Yo te diría: desde el año 2010 nadie le ha metido recursos al relleno sanitario. (…) Lo que se decidió el año pasado cuando llegó el recurso, que fue por ahí de agosto, fue comprar camiones de basura y en ese momento hice el acuerdo con el resto del Ayuntamiento. Algunos regidores y Marisa (Ortiz Mantilla, secretaria estatal de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial) decían oye: mejor métele a los estudios. A ver: sí meterle, el año que viene. Oye, pero ¿fui irresponsable? Las decisiones se toman y en la ciudad hay muchas decisiones y son las que son. (…) El presupuesto es muy muy corto y es una cobija y descobijas el otro”, dijo en una entrevista en el sitio de disposición final el 6 de mayo.
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Las semanas posteriores al incendio (una vez controlado) el Gobierno Municipal informó su plan de acción, que consistía en la contratación de dos estudios: uno para la clausura del basurero y otro para la creación de una nueva celda en el mismo predio.
Fueron cinco meses después que finalmente se firmó el contrato de realización de los dos estudios con la empresa Incremitech de México, S.A de C.V, por el costo total de 4 millones 985 mil 121 pesos. El contrato fue hecho público de manera íntegra a través de una solicitud de transparencia de Zona Franca.
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Gobierno Municipal evita dar resultados del estudio de clausura
Sin embargo, meses después, a través de otra solicitud de transparencia ciudadana (11019630018024), con fecha del 20 de febrero, el Comité de Transparencia del Gobierno Municipal clasificó como información de “carácter reservado” el estudio que llevó a cabo Incremitech.
Lo anterior argumentando que podría afectar el debido proceso del Juicio de Amparo 749/2023-II del Juzgado Primero de Distrito.
