Guanajuato, Gto. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Libia García Muñoz Ledo, aceptó que el Consejo Ciudadano de Búsqueda debía integrarse desde el pasado mes de septiembre de 2020, sin embargo, sostuvo que hay cercanía con los colectivos para avanzar en el tema.
Recordó que el consejo contempla la participación de los familiares de personas desaparecidas y además de expertos forenses, pero insistió en que el órgano responsable de emitir esta convocatoria fue la Junta de Gobierno y Coordinación Política. De hecho, la convocatoria fue emitida hoy mismo y contempla un plazo de registro del 19 de febrero al 5 de marzo.
“Nosotros hemos trabajado de la mano con los colectivos para hacer una propuesta de cómo podría llevarse a cabo esta convocatoria, pero entiendo que el día de hoy en la Junta de Gobierno se estará viendo este tema y esperemos que ya salga pronto la convocatoria. Lo que si nos toca a nosotros en las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos, es aprobar la metodología de las entrevistas, cómo se llevaría a cabo el proceso de selección”, explicó.
Añadió que la convocatoria que emita la junta debería de ser socializada con los colectivos, quienes se han mostrado interesados en que contemple un proceso de evaluación objetivo en el caso de los expertos en materia forense y criterios más flexibles en el caso de las familias.
“De cualquier manera nosotros estaremos en comunicación permanente con los colectivos a efecto de escuchar sus inquietudes y lo que yo simplemente señalo es que la convocatoria fuera lo más abierta posible, para que pudiera participar el mayor número de personas”, puntualizó.
Recientemente los colectivos enviaron un escrito al Congreso del Estado, donde solicitaban que este mismo mes, es cuando se deba de emitir de manera expedita dicha convocatoria, ya que así se prevé en la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato.
El colectivo familiar solicitaron ante la publicación de la convocatoria para el consejo, que se respeten los principios del trato preferente y de la participación conjunta, consagrados en la Ley General de Víctimas y en la Ley Estatal de Víctimas, para que sean consultadas las familias, colectivos y acompañantes y se puedan revisar los criterios y requisitos relativos a la selección de los familiares.
