Por Montserrat Antúnez
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– La concesión del Parque Bicentenario, sede del Festival Axe Ceremonia donde dos fotoperiodistas murieron el sábado 5 de abril, está a cargo de la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, administrada por George Mac Mc Phail, quien a su vez fue identificado en 2023 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como socio del Grupo de Seguridad Privada Camsa, la empresa que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Chihuahua donde fallecieron 40 personas a causa de un incendio, un caso que sigue impune.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales informó el 6 de abril que pedirá a la Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP las autorizaciones requeridas para realizar el Festival Axe Ceremonia. La dependencia señaló que, si se detectan irregularidades o incumplimientos, podría iniciar el proceso para revocar la concesión del inmueble; la Presidenta Claudia Sheinbaum también llamó esta semana a revisarla.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales informa lo siguiente: pic.twitter.com/yXOMWsySax
— INDAABIN (@INDAABIN) April 6, 2025
La concesión del parque fue entregada a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP el 1 de marzo de 2018, durante la administración federal de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con la firma de Charles Edward Mc Phail como representante legal de la empresa que su hermano, George Mc Phail, administra.
Hasta diciembre de 2023, el Padrón de Establecimientos Mercantiles de la Secretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Ciudad de México identificaba a George Mc Phail como la persona moral a cargo de la Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP S.A. de C.V.
En julio de ese año, el fotógrafo Alberto Clavijo falleció en el Parque Bicentenario al pasar por un piso falso que no estaba señalizado.
Todavía en octubre de 2024, junto a un representante de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, el empresario Mc Phail ofreció una conferencia para anunciar un evento de la Fórmula 1 en la que se le identificó como director del Parque Bicentenario; días antes también encabezó un evento con vecinos.
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Empresa relacionada con tragedia migratoria
El 30 de marzo 2023, días después del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, George Mc Phail y David Vicente Salazar Gasca fuero identificados por Rosa Icela Rodríguez, la entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como socios de la Grupo de Seguridad Privada Camsa, encargada de ofrecer servicios en ese espacio y otras entidades. La Secretaría anunció que iniciaría un proceso administrativo contra la empresa para revocarle el permiso e imponer una multa económica.
“Ya se tienen identificados a los socios [del Grupo de Seguridad Privada Camsa] David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes. De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes; sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la república. La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligado a rendir no reportó altas o bajas del personal”, anunció en esa ocasión Rosa Icela Rodríguez.
La Auditoría Superior de la Federación también corroboró en la revisión de la cuenta pública de 2023 que el INM otorgó un contrato por 151 millones 439 mil 400 pesos a la empresa Campsa para operar en Chihuahua y otras entidades pese a que sólo tenía registrados cuatro trabajadores, también identificó que el INM “no acreditó la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia por un importe de 3,729.2 miles de pesos”, esto luego de realizar una revisión aleatoria de las listas de asistencia de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas.
En la estancia migratoria de Ciudad Juárez, el trato de las autoridades, tanto de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) como guardias privados, fue descrito por migrantes como “inhumano, hostil, violento y desinteresado”, así lo exhibió la Fundación para la Justicia, que acompaña a familiares de los migrantes que fallecieron, en un informe publicado en 2024.
A dos años del incendio que causó la muerte de 40 migrantes, dejó lesionadas de gravedad a 27 personas, además de afectar a mujeres que estaban en la estancia, pero no han sido reconocidas como víctimas indirectas, sólo un guardia de seguridad privada identificado como Alan Omar y dos migrantes originarios de Venezuela, Jeison y Carlos Eduardo, se encuentran detenidos, pero no han sido juzgados. Ningún funcionario del INM ni responsables del Grupo de Seguridad Privada Camsa han sido sancionados.
“La Fiscalía General de la República (FGR) tiene que hacer una investigación exhaustiva. No solamente con relación a los funcionarios del INM, sino también con relación a la empresa, le hacer esa investigación en donde el hilo conductor no debe de empezar ni terminar ni con los migrantes, ni con los funcionarios de menor nivel. Se deben de poner los lentes de la investigación de fenómenos de macrocriminalidad donde puedan investigar de verdad. Estos eventos deben de ser un parteaguas para que la FGR haga su trabajo, lo haga debidamente y demuestre esa imparcialidad de querer llegar al fondo de toda esa cadena de impunidad que se ha generado durante años y se llegue a la verdad y a la justicia no como palabras huecas, sino con trabajo exhaustivo en donde se pueda determinar por qué esa empresa, por qué este socio goza, aparentemente, por todo lo que se ha publicado, de grandes privilegios de llegar a este tipo de contratos, que siga haciendo contratos a pesar de todos estos hechos atroces que, repito, están costando vidas”, expuso en entrevista Yesenia Valdez, coordinadora de defensa integral de la Fundación para la Justicia.
Por este caso, Francisco Garduño, titular del INM, obtuvo en enero una suspensión condicional de su proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, la decisión la tomó el Juez Víctor Manlio Hernández Calderón.
La defensa de Garduño argumentó que ya cumplió con la reparación integral del daño, esto en referencia a la compensación económica que el INM entregó a las víctimas para cumplir la Recomendación 111VG/2023 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, argumentó que se trató de su dinero, aunque el pago se hizo con recursos públicos, una decisión que fue apelada por la defensa legal de las víctimas.
Al recibir la suspensión se le asignaron distintas condiciones como otorgar una disculpa pública a las víctimas en coordinación con lo que ellas y ellos decidan, algo que no ha sucedido, denunció Yesenia Valdez. En cambio, el Comisionado del INM ya anunció que ofrecerá esta disculpa el 16 de enero.
“No se trata de Francisco Garduño, nosotros ni las víctimas tenemos nada en contra de manera personal. Se trata del esclarecimiento de los hechos, de llegar a la verdad. pero también de no dejar precedente que un funcionario con esta gravedad de responsabilidad, con este alto cargo que él tiene, se deje el precedente que pueda accionar, hacer o dejar de hacer, y que sus omisiones causen estos graves hechos y que no pase nada; que no tenga ninguna consecuencia ni jurídica, ni penal, ni siquiera económica. Porque entonces se está mandando un mensaje, donde en lugar de garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas, se está protegiendo a un funcionario”, expuso Valdez.
