León, Gto. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (Pdheg) ha desempeñado un papel inconsistente frente a las agresiones cometidas contra la libertad de expresión, específicamente contra los periodistas que han reportado sus casos con oportunidad. Así lo sentenció el académico y activista Raymundo Sandoval.
El catedrático puntualizó que los resultados del ombudsman, Raúl Montero de Alba, específicamente han sido deficientes en el tiempo y profundidad de sus resoluciones, pues las recomendaciones han carecido de profundidad para procurar la no repetición de los casos por parte de las autoridades agresoras.
Raymundo Sandoval actualizó que la cifra de la organización Artículo 19, pues ya son 81 casos documentados de 2009 a 2018. Aun así, advirtió que son mucho más casos, solo que las circunstancias en las que laboran, en ocasiones no permite consignarlos. Mientras la Pdheg tiene un subregistro mayor.
Este lunes, Zona Franca publicó que en casi tres años y medio, la Pdheg abrió 38 expedientes de quejas presentadas por periodistas que fueron agredidos. Sin embargo, casi en el mismo periodo, la organización civil Artículo 19 registró 67 casos.
De los 38 expedientes de queja, 12 fueron contra autoridades administrativas municipales. Entre ellas están León, San Luis de la Paz, Cortazar, Salamanca, Huanímaro, Celaya, San Miguel de Allende, Guanajuato capital, Yuriria, entre otros. En suma, la dependencia ha emitido 22 recomendaciones, aunque no se indicó el nivel de cumplimiento ni los expedientes resueltos.
Inconsistencia y superficialidad
Raymundo Sandoval llamó la atención sobre las 81 agresiones en Guanajuato, que ha logrado documentar la organización internacional Artículo 19. Subrayó que estos se reportan según su metodología.
“Eso no quiere decir que no se hayan presentado mal, quiere decir que según sus criterios esos son las agresiones que están verificadas y documentadas, según el contacto con directo con los periodistas”.
Frente a este primer panorama que presenta la OSC: “me parece que la Procuraduría de Derechos Humanos ha tenido un trabajo inconsistente”.
Como ejemplo, tomó el caso reciente del corresponsal de La Jornada, Carlos García, pues aun cuando no se trata de un hecho directo contra su actividad, la Pdheg tardó cinco meses en emitir su resolución.
“Parecería poco, pero en realidad es lo que se establece por la propia normativa de la Procuraduría, qué es máximo seis meses”.
Expuso también que las recomendaciones son certeras en términos de la documentación de la agresión, pero insuficiente sobre la reparación del daño y las medidas de no repetición.
“Hay que pensar que la reparación del daño tiene que ser integral; ellos solamente hacen una referencia al daño económico y otros elementos de la propia reparación del daño y las medidas de no repetición, que son las acciones administrativas que tienen que tomarse para que no vuelva a suceder”.
Advirtió que lo único que proponen es que haya una capacitación y una investigación administrativa para los policías involucrados en la agresión.
“Me parece que la Pdheg tendría que ir más allá y acompañar el proceso penal en contra de estos funcionarios, pero además plantear una propuesta con los más altos estándares de Derechos Humanos”.
Incluso, señaló que la instancia encargada de defender los derechos humanos de los ciudadanos, sigue manipulando la información que se la solicita vía transparencia, diciendo que las recomendaciones equivalen a los puntos recomendatorios.
“Cuando habla de 22 recomendaciones está refiriendo a 22 puntos recomendatorios, pero no señala, cuántas, cuántos documentos recomendatorios está emitiendo. Entonces podríamos observar los casos presentados, cuántos llegan a recomendación (…) yo creo que allí se puede medir el impacto sustantivo de la resolución de las quejas y el tipo de recomendación”.
Tan solo en el último proceso electoral de 2018, Artículo 19 registró, con la Red Rompe el Miedo, siete agresiones contra periodistas de Guanajuato. Además se registraron dos allanamientos; cuatro amenazas; cuatro ataques físicos; seis bloqueos informativos; seis intimidaciones y hostigamientos, así como tres casos por uso ilegal del poder público.
