Guanajuato. La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que buscará un acercamiento con las familias de los trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), que fallecieron intoxicados en la planta de desbaste.
A días de que se cumpla un año del deceso de estos cinco trabajadores de Sapal, tres de las cinco familias no han llegado a un acuerdo con la paramunicipal, pero también las investigaciones no han avanzado en la Fiscalía General del Estado (FGE).
En días pasados, el diputado de Morena, David Martínez Mendizabal, hizo un exhorto en el pleno del Congreso de Guanajuato para que tanto Sapal como la FGE, avancen las investigaciones del caso. Incluso, las familias de las víctimas protestaron para pedir justicia por sus seres queridos.
El pasado 13 de noviembre de 2020, Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, trabajadores del SAPAL, perdieron la vida intoxicados al trabajar en el mantenimiento del Planta de Tratamiento de Agua Residuales.
Del tema, la primera edil dijo que ya pidió un informe detallado para ver en qué estatus legal están las víctimas y sus familias. Enfatizó que sí se le dará seguimiento puntual, pues se busca que las familias sean atendidas conforme a la ley.
“Se buscará ser cercano con ellos porque entendemos su pérdida y lo más importante es entender el dolor que sienten al perder un familiar y lo que tenemos que buscar es evitar que vuelva a suceder un accidente como estos”.
“Yo no seré tapadera”
En otro tema, la alcaldesa de León, dijo que no será tapadera de nadie de la anterior administración municipal, esto luego de las dos denuncias que presentó el síndico José Arturo Sánchez Castellanos.
“Lo primero es que yo no voy a ser tapadera de nadie y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y se está revisando como parte de la entrega recepción varios factores”.
Detalló que se revisa la parte legal de entrega-recepción, contable, financiera y la operación, por lo que la administración tiene 45 días apartar de que se toma protesta y ya están en la entrega recepción.
“La instrucción que tiene tanto el secretario del Ayuntamiento con la Contraloría y Tesorería es que se revise cualquier situación y que sí hay cualquier situación de algo que se genere en algún problema legal que se de inmediatamente parte a la Contraloría”, concluyó.
