León, Gto. El uso de cigarros electrónicos y vapeadores fue un tema que se volvió a poner sobre la mesa a nivel nacional, luego que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitiera una alerta sanitaria para evitar utilizar estos dispositivos.
Sobre esta postura que permitirá que los ciudadanos puedan realizar denuncias de máquinas expendedoras de este producto, Romina Vázquez, coordinadora de la Asociación Civil ‘Instituto RIA’, consideró que esta medida solo estigmatiza a los consumidores, que en su mayoría son personas que intentan dejar el tabaco y el daño de estos productos es menor al de un cigarro convencional.
La también licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz, por la Universidad del Claustro de Sor Juana, refirió que la publicación de la Cofepris no afecta más de lo que ya afectaba y dicha prohibición solo será generadora de violencia, de productos de baja calidad, así como de la posibilidad de que el crimen organizado se vea inmiscuido en el negocio de estos dispositivos de manera ilegal.
“Esto le afecta a la población usuaria de estos dispositivos, porque hay que entender que el vapeo es una estrategia de riesgos y daños para las personas que fuman tabaco y lo quieren dejar por esta cuestión de que la combustión tiene graves daños a la salud… los fumadores empiezan a fumar por la nicotina y mueren por el alquitrán”, apuntó.
Romina Vázquez recordó que desde febrero del 2020 el gobierno mexicano prohibió la importación de cigarros electrónicos y vapeadores, y desde el 2008 con la Ley General para el Control del Tabaco se prohibió su comercio.
Poco después, en julio del 2021 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para permitir la importación y venta de dispositivos de calentamiento de cartuchos o unidades desmontable con tabaco que no son cigarros electrónicos o vapeadores, pero meses antes, en noviembre del 2020, la gran tabacalera Phil Morris ganó un amparo para comercializar estos dispositivos.
“Esta ley lo único que hace es reforzar el estigma hacia esas personas, hemos visto que hay mucha campaña de rechazo a estos dispositivos, mucha desinformación en medios”, comentó.
La coordinadora del Instituto RIA, urgió a la regularización de los cigarros electrónicos y vapeadores y enfatizó que esto no abonará a que más jóvenes y niños quieran utilizarlos, sino que los usuarios que en su mayoría son personas mayores de 30 años de edad, puedan dejar de utilizar los cigarros convencionales a través del vapeo.
“Es algo que sigue pasando y hay que proteger a las personas… los vapeadores no son atractivos para esas personas porque no tienen esa función… hay otras alternativas como parches, pero hay una cuestión ritual en el fumar que para muchas personas es importante, es una cosa muy compleja que solo lo entienden las personas que fuman”, resaltó.
Asimismo destacó que contrario a lo que ocurre en el país, hay otros lugares del mundo como en Nueva Zelanda o Inglaterra donde de acuerdo a diversos estudios están a favor del vapeo como medio para dejar de fumar, esto no quiere decir que no reconozcan que son dañinos, sino que son menos dañinos que el cigarro convencional y esto aminora los daños en la salud de los usuarios de tabaco.
Romina Vázquez insistió en que ya hay bastante prejuicios de consumidores de cigarros electrónicos y vapeadores y con esta medida solo se criminaliza más, además que esto estaría faltando al derecho de la libre personalidad de los usuarios.
“Estas campañas, sobre todo esos anuncios, que lo que hacen es sembrar miedo en los usuarios, hace que crezca esa mirada desafiante a las personas, que si alguien saca su vapeador es como si estuviera cometiendo una infracción a la salud, aunque lo haga al aire libre, sí tiene un impacto en salud de terceros, pero es infinitamente menor que el humo del cigarro convencional”, reiteró.
La coordinadora de Instituto RIA urgió a que la Cofepris de mayor información sobre qué medidas tomará al respecto luego de su alerta sanitaria máxima y refirió que a pesar de no tener una sanción penal, la sanción social y prohibicionista afecta a los consumidores.
“Qué pasa si tienes prohibida una sustancia, no se deja de consumir y vender, se hace por debajo de la mesa e implica baja calidad en productos, violencia…creen que si hay un problema de salud generado por los vapeadores la respuesta es prohibirlo, yo diría que es todo lo contrario”, sostuvo.
Por último reiteró que además de los legisladores, la sociedad civil debe dejar de replicar las narrativas contra personas usuarias de estos dispositivos diciéndoles que les va a dar cáncer u otro tipo de comentarios, que además no tienen un sustento y esto solo deja coartada su derecho a la libre personalidad.
