Guanajuato. Las amenazas recientes contra estudiantes de escuelas en la zona de Cañada del Real en León, podrían estar relacionadas con casos de reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado, así advirtió Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe.
En entrevista, Pérez García enfatizó la urgencia de que Guanajuato tipifique este delito, ya que actualmente el estado carece de un marco legal que reconozca y proteja a niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento.
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“Ya hay señalamientos específicos de adolescentes reclutados y nombres de adolescentes a los cuales se está amenazando de muerte”, alertó.
El activista aseguró que la problemática se inserta en un contexto de disputa territorial entre grupos criminales en Guanajuato, donde es frecuente que los menores sean blanco de amenazas, manipulación y violencia.
“Hay un gran problema de control territorial… y buena parte de la guerra contra el crimen se sostiene porque es un negocio multimillonario”, afirmó.
Pérez García subrayó que las autoridades estatales deben activar mecanismos de alerta temprana y protección inmediata, especialmente ante mensajes como los difundidos recientemente que, aunque no garantizan un ataque, buscan generar terror.
“Este caso nos vuelve a ilustrar cómo los niños, niñas y adolescentes están en riesgo en escenarios de crimen organizado”.
De acuerdo con investigaciones realizadas por Tejiendo Redes Infancia, cada año entre 35 mil y 40 mil adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado en el país.
Tan sólo en 2020, otro estudio estimó que entre 150 mil y 250 mil adolescentes viven en condiciones de riesgo de ser captados.
Hasta ahora, únicamente dos estados en el país, Hidalgo y Zacatecas, han tipificado este delito.
El activista dijo que es fundamental contar con un tipo penal específico, pues permitiría sancionar a adultos responsables y activar rutas de protección y desvinculación para menores afectados.
“El corazón del tema no es sólo el cambio legislativo, sino desarrollar acciones preventivas y comunitarias que protejan a los menores”, añadió.
Finalmente, criticó la resistencia política a nivel federal y estatal, incluida Guanajuato, para avanzar en esta legislación.
“Hay decisiones de alto nivel que han impedido la tipificación… los legisladores obedecen al Ejecutivo, no hay autonomía”, concluyó.
