Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– El Gobierno español ha apuntado a las empresas privadas que gestionan la electricidad luego del apagón masivo registrado este lunes en la Península Ibérica. En España, desde la década de los 80, el servicio eléctrico se encuentra en manos de privados que, lejos de mejorarlo, se han beneficiado con alzas en los precios.
Un dato: de 2018 a 2021 el precio de la luz aumentó un 500 por ciento. De hecho, en enero pasado se reportó que los precios para este año se situarán en niveles de 2022, año en el que el Gobierno de Pedro Sánchez buscó poner un freno al alza de precios que se vivían en medio de las crisis energética enmarcada por el conflicto ucraniano.
En México, se buscó privatizar durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto el servicio eléctrico con el argumento de que se iban a brindar mejores servicios, cuando modelos como el de España han demostrado los riesgos de dejar en manos de privados la soberanía eléctrica.
“En España ellos dominan y miren cómo están los precios de la luz. Hay una crisis tremenda, pero las autoridades españolas dependen mucho de estas empresas”, alertó desde octubre de 2021 el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al promover su Reforma Eléctrica para recuperar la capacidad productiva de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lo señalado por López Obrador en ese momento se dio precisamente cuando las eléctricas Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola amenazaron a España con detener la producción de las centrales nucleares e incluso replantear su política de inversiones. De hecho el modelo español ha sido cuestionado particularmente por el poder de las gigantes eléctricas y el respaldo que le ha dado el poder político a través de la llamada “puerta giratoria”.
En ese país la industria privada ha sumado a sus filas a más de 20 exministros y tres expresidentes del Gobierno español. En México, buscaron hacer lo mismo: Iberdrola contrató al expresidente Felipe Calderón y su Secretaria de Energía, Georgina Kessel, así como lo hizo Sempra Energy con Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones, y Luis Téllez, también exsecretario de Energía.
Este lunes, el Presidente del Gobierno español Pedro Sánchez se reunió en La Moncloa con la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy, tras el apagón que sufrió este lunes el sistema eléctrico peninsular.
El director de Servicios para la Operación de REE, Eduardo Prieto, ha señalado en una comparecencia este martes que a mediodía del lunes se registraron dos desconexiones separadas por un segundo y medio en la región suroeste peninsular que provocaron una caída brusca de la frecuencia. Según ha explicado, la primera fue absorbida por el sistema, pero la segunda llevó al colapso. Aunque aún no se ha determinado el origen exacto del incidente, indicó que la localización de los eventos “puede hacer pensar que la pérdida de generación es solar”, si bien insistió en no especular hasta disponer de todos los datos.
En una intervención posterior, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respetado ese informe, pero ha insistido en que con los datos que hay actualmente no se puede descartar ninguna hipótesis. En este sentido, ha indicado que tanto el INCIBE como el Centro Criptológico Nacional están revisando los registros informáticos de Red Eléctrica y de los operadores privados.
“Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso, la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo sucedido. Lo que ha sucedido, y por tanto también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de Red Eléctrica y de todos los operadores privados, no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis”, ha subrayado.
Sánchez ha anunciado la creación de una comisión de investigación dentro del Consejo de Seguridad Nacional, liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica, para analizar las posibles causas del apagón, y ha afirmado que el Gobierno “va a llegar hasta el fondo en este asunto” y exigirá “todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados”.
El de España no es un caso aislado. Ya en Estados Unidos sucedió algo similar. La responsabilidad en ese caso recayó en una empresa privada y su falta de mantenimiento. Todo ocurrió el 14 de agosto de 2003, cuando 21 centrales eléctricas se apagaron en sólo tres minutos. 150 millones de personas se vieron afectadas, incluidos residentes de Nueva York, Cleveland y Detroit; así como de Toronto y Ottawa, Canadá. Aunque las compañías eléctricas pudieron reanudar parte del servicio en tan sólo dos horas, la electricidad permaneció cortada en otros lugares durante más de un día.
Una investigación realizada por un grupo de trabajo conjunto de Estados Unidos y Canadá rastreó el problema hasta un estado de Ohio, Empresa FirstEnergy Corporation. Cuando la planta de EastLake de la compañía se cerró inesperadamente después de que los árboles demasiado grandes entraron en contacto con una línea eléctrica, desencadenó una serie de problemas que llevaron a una reacción en cadena de apagones. FirstEnergy fue criticado por el mantenimiento deficiente de la línea y, lo que es más importante, por no detectar ni abordar el problema de manera oportuna, antes de que afectara a otras áreas. Años después, en 2021, Texas vivió una serie de apagones que terminaron pegando al bolsillo de los consumidores que lejos de ser indemnizados por las empresas, tuvieron que saldar un alza en las tarifas.
-Con información de Europa Press y La Opinión
