Guanajuato. Es en los municipios donde persiste la incidencia de violencia política en el contexto electoral, lo que le agrega mayor complejidad a la prevención y atención de los casos sobre todo porque el Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido protocolos que parten de un diagnóstico deficiente.
Así lo advirtieron Itzel Soto, investigadora de la organización Data Cívica que creó la base de datos “Votar entre balas” y Armando Vargas, analista de la consultora Integralia que desarrolló el diagnóstico nacional de violencia política, durante un panel ofrecido por la organización Causa en Común y su directora María Elena Morera Mitre.
“Justo es en los municipios donde se han contabilizado muchas víctimas. justo desde septiembre de 2023, cuando empezó el periodo electoral, en Celaya, Guanajuato, en Fresnillo, Zacatecas, igual en Chiapas”, señaló Itzel Soto.
La investigadora advirtió que en el periodo de 2018 hasta abril de 2024, al menos en 500 municipios de los 2 mil 400 que existen en México, ha habido al menos un ataque en contra de alguna persona del ámbito de la política, por parte de grupos de la delincuencia organizada, lo que representa el 60 por ciento de la población vive en esos municipios.
“Es un fenómeno muy extendido donde el 60 por ciento de la población en México estamos viviendo en en municipios en donde, hubo un intento del crimen organizado por incidir en la política. Es un fenómeno amplio sin embargo hay zonas que justo no están siendo atacadas pero es un fenómeno súper extendido en México lamentablemente”.
Por su parte, Armando Vargas expuso que estos son fenómenos que se distribuyen de manera diferente en el espacio, pero no de forma aleatoria.
“Por ejemplo en Guerrero hay zonas muy identificadas, que coinciden también en donde está Taxco, que son la zona de la tierra caliente, pero también en Chilpancingo o una parte en la montaña, en Acapulco. En Michoacán observamos también la zona de la Tierra Caliente, en Jalisco en las fronteras con Zacatecas, las fronteras con Guanajuato”.
Por lo anterior, señaló que el protocolo de seguridad encabezado por el INE y las instituciones de seguridad ha sido un fracaso porque no han partido de un diagnóstico correcto del riesgo.
“Cuando se anunció el riesgo era considerado como base en indicadores de incidencia delictiva estos indicadores, como bien sabemos, porque así lo ha visibilizado ampliamente Causa en Común, pues no son para nada confiables, no solamente por incapacidades institucionales, policías y fiscalías que no registran delitos sino también porque es muy probable que que exista la manipulación de los datos”.
Sostuvo que una fuente de sesgo es que la incidencia delictiva no refleja necesariamente la dinámica del crimen organizado, por lo que hubo una definición incorrecta y una medición imprecisa del riesgo, Que mejor evidencia de la ineficacia, dijo, que este constante incremento de la violencia política.
