Guanajuato, Gto. Es oficial: el Ayuntamiento de Guanajuato aprobó un aumento escalonado de tres pesos a la tarifa del transporte público (actualmente en siete pesos), comenzando con un incremento de 2 pesos y contemplando otro incremento de un peso —tentativamente para el 1ero de octubre —, condicionado a la firma y cumplimiento de un Convenio entre el Gobierno Municipal y Transportistas.
El primer aumento estaría condicionado a la firma de dicho acuerdo y el segundo aumento, a su cumplimiento. Es decir: de firmarse el documento por los concesionarios, la tarifa aumentaría a 9 pesos y de cumplirse en los periodos establecidos, la tarifa pasaría a 10 pesos.
Entre las obligaciones que adquirían los concesionarios, destacan la compra de cinco unidades nuevas en un plazo de no más de tres meses a la publicación del acuerdo en el Periódico Oficial; y de otras cinco unidades cada seis meses, —éstas que se encuentren dentro de su vida útil de 10 años— hasta lograr la renovación de la totalidad de la flotilla de los vehículos.
Y es que desde el 2022, 82 unidades (de alrededor de 210 que componen la flotilla) ya vencieron su vida útil, señaló el síndico, Rodrigo Martínez Nieto. Los concesionarios también se comprometerían a presentar un proyecto para la creación de una empresa unificada.
El incremento fue aprobado por la fracción del PAN, apoyada con el voto a favor del regidor priista, Ángel Araujo.
A favor de la propuesta presentada por el alcalde, Alejandro Navarro, habló el síndico, quien sostuvo que con el convenio se busca no volver a pasar el problema a la siguiente administración.
“Se busca contribuir, conscientes de que no se soluciona de manera integral todos los años que se han dejado pasar, pero se comienzan a establecer las bases para un Sistema Unificado de Transporte. (…) En este momento el proyecto puede no ser perfecto, pero sí implica un esfuerzo para reconocer la situación actual y descongelar el problema”, comentó.
¿Qué establece el contrato?
Adicional a lo ya mencionado, los transportistas deberán comprometerse a elaborar una propuesta sobre cómo proponen gestionar los financiamientos externos para mejorar el transporte público; que de manera conjunta con el Gobierno Municipal, se realice un programa de capacitación a los operadores.
Por su parte, el municipio se compromete a la aplicación de GPS con un fondo de 3 millones de pesos (aprobado en diciembre de 2023), la compra e instalación de equipo de videovigilancia conectado al C4 con un fondo de 500 mil pesos; el rediseño interno para la creación de un perfil especialista que ocuparía una Dirección Técnica de Movilidad Urbana; contar con un Programa Municipal de Movilidad y entregar el diagnóstico del Programa de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS). Asimismo, se comprometen a tener un programa de renovación de las concesiones de los transportistas. Todo esto en plazos establecidos.
Se propone también la creación de mil tarjetas de gratuidad para el transporte con una vigencia de seis meses y con la posibilidad de renovarse, exclusivamente a adultos mayores.
Para dar seguimiento a los compromisos, se establece que haya una mesa de trabajo mensual.
Oposición advierte falta de firma de concesionarios
Entre las críticas de la oposición al proyecto, destaca lo observado por la regidora del PRI, Patricia Preciado Puga, quien advirtió que el convenio carece de la firma de los propios concesionarios, por lo que cuestionó que éstos sí estén al tanto de dicho documento.
Ya en entrevista, el presidente municipal, Alejandro Navarro señaló que el convenio fue entregado a los permisionarios al finalizar la sesión.
La regidora de Movimiento Ciudadano, Liliana Preciado Zárate abogó nuevamente porque sea el Gobierno Municipal quien absorba el costo de las mejoras en el transporte a falta de un incremento en seis años, no la ciudadanía. Criticó que la administración ha gastado más dinero en programas como calentadores solares y las Tarjetas Violetas.
“El recurso que se requiere para tener un transporte de calidad, debe salir de las arcas municipales y no de quienes históricamente han sufrido las consecuencias de la incapacidad de las autoridades, concesionarios y permisionarios del transporte.
Por su parte, la regidora de Morena, Paloma Robles Lacayo advirtió que el lapso que se propone para el segundo incremento (tentativamente en octubre) es mínimo: de cerca de tres meses.
