Guanajuato. A pesar de los avances legislativos en materia de libertad de expresión, en Guanajuato persisten mecanismos de censura indirecta como el uso del delito de daño moral, así lo denunció Pedro Cárdenas, Oficial de Protección y Defensa de la organización internacional Artículo 19, dedicada a la defensa del derecho a la información y libertad de prensa.
En entrevista, el activista alertó sobre una tendencia creciente a judicializar el trabajo periodístico, utilizando figuras legales como calumnias, difamación o daño moral, lo que representa un hostigamiento judicial que inhibe la labor informativa.
México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no solo por la violencia física, sino también por mecanismos legales que buscan silenciar voces críticas. Por ello, Artículo 19 ha denunciado en diversas ocasiones que delitos como el daño moral, aún vigentes en varios códigos civiles estatales, se han convertido en una forma de censura judicial y autocensura entre periodistas, especialmente a nivel local.
En Guanajuato, periodistas han denunciado en años recientes presiones legales por la publicación de investigaciones sobre temas sensibles como corrupción, violencia o seguridad pública, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre legal para el ejercicio informativo. La entidad aún cuenta con la figura legal de daño moral, contemplada en el Código Civil y en la Ley de Responsabilidades Patrimoniales del Estado y los Municipios.
“En México, una de las situaciones que más ha preocupado en los últimos años ha sido el incremento de lo que llamamos el hostigamiento judicial”, afirmó.
Ejemplificó con datos que en 2015 se documentó solo un caso de este tipo en el país, pero en los últimos seis años el promedio es de dos casos al mes, lo que refleja el uso sistemático del marco jurídico para amedrentar a periodistas.
La organización Artículo 19 ve con preocupación la “doble velocidad” de la justicia, que actúa con lentitud cuando los periodistas son víctimas, pero se acelera cuando se les acusa, sobre todo si el denunciante es un actor político.
“Cuando la prensa es víctima, los casos pueden quedarse en investigación por años, si no es que hasta décadas. Mientras que, cuando se inicia un proceso en su contra, son procesos que avanzan a rápida velocidad”, señaló.
También advirtió que existe un alto costo legal de estos procesos, que impactan a los periodistas tanto en la parte económica como psicológica.
“Esto también genera una afectación psicoemocional. En cualquier momento alguien me puede denunciar, alguien me puede demandar… La gran mayoría de los periodistas en México no tienen capacidades legales para defenderse ni recursos para pagar a abogados especializados”.
El representante de Artículo 19 también evidenció que muchos periodistas no cuentan con los recursos económicos ni con apoyo legal para defenderse, por lo que quedan inmovilizados, lo que convierte esta práctica en un mecanismo de censura.
Asimismo, criticó la falta de respaldo institucional de algunos medios de comunicación, que no siempre asumen la defensa de sus reporteros cuando enfrentan estas situaciones.
