Guanajuato. El director ejecutivo de Tejiendo Redes por la Infancia en Latinoamérica, Juan Martín Pérez, advirtió que la ejecución de infancias ya se ha vuelto un acto atroz recurrente en México, cuyo común denominador es difundir miedo por parte de grupos criminales, además de establecer control territorial.
El miércoles poco después de las 18:00 horas en León, tres adolescentes entre los 12 y 16 años de edad, estaban platicando en el área de estacionamiento de un conjunto de departamentos en la colonia Vibar, cuando al menos dos jóvenes llegaron y sin mediar palabra comenzaron a disparar. Dos de las víctimas murieron en el lugar, la tercera se reporta grave.

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“Hay que recordar que desde 2011 las masacres y los asesinatos directos de niños y niñas incluidas mutilaciones comenzaron a ser una práctica de los grupos del crimen organizado. Esto tiene varios sentidos. El primero es generar terror porque claramente es cruzar una frontera y es generar terror. El segundo es también mostrar control territorial y por supuesto mostrar impunidad”.
Resaltó que esta última masacre en Guanajuato habla del mismo patrón que es generar una condición de terror al ser ataques directos para demostrar poderío en términos de control territorial e impunidad.
“La impunidad alimenta la repetición y hay que recordar que toda masacre debe ser considerada como un crimen atroz. Este concepto de crímenes atroces, lo usamos en derechos humanos, precisamente por estos factores que generan terror, que tienen garantía de impunidad y que se hacen con mucha crueldad”.

Advirtió que estos crímenes atroces han ido creciendo con el paso del tiempo a tal punto que se van normalizando, lo que se ha convertido en un primer desafío.
“Cómo no acostumbrarnos y no normalizar estos hechos (…) recordar que en tanto niños y niñas siguen siendo blanco de estos ataques y con garantía de impunidad el mensaje que se le está mandando a todos los jóvenes en en los territorios es que su vida y su futuro depende de los grupos criminales y no de su familia, no de su comunidad, no de su buena intención”.
Externó que las autoridades no pueden justificar ninguna expresión de violencia, recordando que todas las formas de violencia y específicamente a las masacres son prevenibles y por supuesto se les debe de exigir la aplicación de la justicia.
“Le corresponde a la FGE hacer una investigación para poder dar con las personas responsables y presentarlas ante las autoridades judiciales. Aunque esto suena casi utópico y como algo que no tiene sentido porque no hay posibilidad real de pensar que va a suceder, eso no anula la exigencia no solamente ciudadana por indignación; es la obligación de ley”, sentenció.