Guanajuato, Gto.- Deficiencias y pocos avances en materia de desaparición forzada, la defensa de los derechos LGBTIQ+, violencia de género, protección de niñas, niños y adolescentes; la persistencia de abusos policiales e incluso señalar que es una institución alineada con el estado, son elementos para reprobar el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado (PRODEHEG).
Así lo manifestaron representantes de diversas asociaciones civiles especializadas en derechos humanos, quienes participaron en una mesa de trabajo para analizar el informe anual de actividades de la PRODEHEG, institución dirigida por Vicente Esqueda Méndez.
En primer lugar, los presentes en la mesa de trabajo, consideraron que el propio procurador debió haber estado presente para escuchar los pronunciamientos en torno a su informe.
El presidente de la asociación AMICUS; Juan Pablo Delgado, criticó que desde la gestión de Gustavo Rodríguez Junquera, cuando se conformó el equipo de trabajo con representantes de organizaciones a favor de los derechos LGBTIQ+, no ha habido reuniones.
También señaló que solamente tres personas LGBTIQ+ presentaron una queja ante la Procuraduría, cuando la realidad es que son al menos 43 los casos de violencia contra las personas de la diversidad sexual.
Además, cuestionó sí la dilación en la atención sobre el despido de Kahely, mujer trans despedida en 2020 de la administración capitalina de Alejandro Navarro Saldaña, es una protección hacia la Presidencia Municipal.
“Hace un año se comprometió a que sería resuelta, hoy 12 meses después estamos todavía esperando la resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos (…) Ante la necesidad que tenemos ante esta resolución, es que pregunto si es que la dilación en este procedimiento tiene que ver con algún tipo de protección a la figura de la Presidencia Municipal”.
Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, argumentó que el nexo que Vicente Esqueda tiene con el PAN, evidentemente ha influido en la defensa de los derechos humanos, lo que también es responsabilidad del Congreso.
Dijo que si bien la PRODEHEG presume menos quejas, esto es porque las personas cada vez tienen mayor desconfianza de la institución, la cual apuntó no brinda garantías a las víctimas.
Puso en cuestionamiento que solo se hayan aperturado cuatro expedientes de manera oficiosa, cuando en Guanajuato hay 15 mil homicidios dolosos en lo que va del actual gobierno, tres mil desapariciones y un notorio incremento de feminicidios.
“No hay un seguimiento que efectivamente pueda hablarnos de que efectivamente se atendieron las causas estructurales de las violaciones a derechos humanos y que en este caso se está atendiendo adecuadamente el origen de las violaciones de los derechos humanos”.
Maribel Arellanes Mendoza, del Centro de Atención y Asesoría de la Mujer, destacó algunas medidas que ha implementado la Procuraduría, pero consideró que son más las deficiencias.
En primer lugar, reprobó el hecho de que la PRODEHEG no implemente medidas para evitar que, año con año, las corporaciones policiales sean quienes mayor número de quejas por violaciones de los derechos humanos reciben.
Opinó que con el informe queda en evidencia que el presupuesto destinado a la institución no refleja resultados efectivos, pues incluso no se establece información relacionada con feminicidios.
“Para mí es escandaloso que el presupuesto asignado y ejercido no refleje en realidad, una institución de esta naturaleza tiene que realizar, es un informe pobre y de poco contenido y en la vida real a dispensa de lo que se informe, yo creo que el procurador está alineado con la autoridad estatal”.
Alma Padilla, de NIMA, dijo que hay incongruencia en que solamente se hayan reconocido tres violaciones contra niños, niñas y adolescentes, cuando la realidad es diferente.
Expresó que hoy la Procuraduría no es una institución que de verdad garantice protección para las víctimas de cualquier violación de los derechos humanos.
En el mismo sentido, se pronunció Iovana Rocha Cano, de Alerta Morada, quien esgrimió que la Procuraduría ha dejado de ser la primera opción de protección para las víctimas.
Defendió que el retraso en la atención de las mujeres que denuncian violaciones, es una muestra de que la instancia a cargo de garantizar los derechos humanos, revictimiza a las guanajuatenses.
“Los prolongados tiempos de espera revictimizan a las sobrevivientes de estos delitos, alientan a los agresores, forman impunidad en las y los servidores públicos y por supuesto, digámoslo en voz alta, debilitan a las instituciones”.
Después de la reunión de este miércoles, la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, llamará a comparecer a Vicente Esqueda el próximo 27 de junio.
