Guanajuato, Gto. Aunque la gobernadora Libia García Muñoz Ledo se ha pronunciado en favor de los derechos de las mujeres, distintas dependencias del Poder Ejecutivo no se presentaron a la Comisión de Justicia del Congreso local, para analizar tres iniciativas que buscan despenalizar el aborto en la entidad.
Podría interesarte: ¿No te han pagado utilidades? Esto dicen las autoridades en Guanajuato
Durante la jornada de este viernes, para analizar tres iniciativas para despenalizar el aborto, presentadas por Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido Verde Ecologista de México, se acordó una mesa de trabajo con autoridades estatales.
A la mesa se convocó al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, el Instituto de Salud Pública, la Consejería General Jurídica del Gobierno del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado y la Universidad de Guanajuato.
Sin embargo, al llamado solo respondió la Universidad de Guanajuato, cuyas representantes criticaron que grupos en contra del aborto violentaran a las colectivas feministas, al acusarlas de asesinas, por avalar la interrupción del embarazo.
Al respecto, Sandra Pedroza Orozco, diputada local por Movimiento Ciudadano, criticó que estas dependencias decidieran no participar en la mesa pese a que siempre han estado presentes en la revisión del resto de las iniciativas.
Expresó que esta acción demuestra que en Guanajuato no hay un compromiso real por garantizar los derechos de las mujeres, y que esta causa queda solo en un discurso electoral.
Agregó que la ausencia de las autoridades en la mesa es una contradicción al discurso que durante campaña emitió la gobernadora Libia García, sobre garantizar los derechos de las guanajuatenses.
“Se contradice y se cae el compromiso que la gobernadora hizo en campaña para garantizar todos los derechos para todas las mujeres y no criminalizarlas, la gobernadora incumplió lo que como candidata prometió”.
Sandra Pedroza criticó que, incluso, la primera titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado, Karla Alcaraz Olvera, no atendiera al llamado, para analizar las propuestas legislativas.
Por su parte, la diputada local por el PAN, Susana Bermúdez Cano, salió en defensa de la gobernadora, para señalar que el Ejecutivo ya había enviado previamente sus opiniones al Congreso.
“Pero no emitamos juicios hacia la gobernadora, que ni siquiera está aquí para poderse pronunciar, y hagamos mal uso de este espacio y este momento para estar señalando cuestiones que no vienen ni siquiera al caso”.
