Guanajuato, Gto. Diputados locales aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica Municipal a fin de garantizar que los municipios cumplan con la elaboración de reglamentos y normas.
Además se avaló otro cambio para que el cobro de productos y aprovechamientos, requieran de la aprobación de la mayoría absoluta de los municipios, ambas durante sesión extraordinaria del Congreso local.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Armando Rangel Hernández manifestó que las nuevas disposiciones podrían facilitar a los municipios el poder mantener un marco normativo actualizado.
Recordó que al asumir el cargo de presidente municipal, síndico o regidor, se circunscribe al mandato legal de “cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, bandos de policía y buen gobierno y demás disposiciones legales del orden municipal, estatal y federal.
“Por ello la omisión en la expedición de cualquier reglamento interrumpe e impide el pleno desarrollo para la aplicación eficaz de las leyes que decretó este Poder Legislativo privando a los ciudadanos de las bondades de un marco legal moderno y eficaz”, precisó el legislador.
Argumentó que con la reforma propuesta se cumplen con el propósito de complementar las visiones entre los titulares de las dependencias del gobierno municipal en su carácter de ejecutores de la normatividad con el órgano de gobierno del municipio facultado para la expedición de la reglamentación, el ayuntamiento.
Además sostuvo que se garantiza la atención en el municipio de las actualizaciones reglamentarias derivadas de las modificaciones legales emitidas por el Congreso e incentivar la actualización permanente de los reglamentos municipales a través de la participación de los titulares de las dependencias y entidades municipales.
“Con este dictamen contribuimos a mejorar la atención de nuestros ayuntamientos a su facultad reglamentaria en beneficio de sus ciudadanos y de la vida municipal en Guanajuato”, subrayó.
Por otro lado, la diputada panista, Lorena del Carmen Alfaro García, explicó sobre las otras modificaciones a la Ley Orgánica Municipal que no se habían modificado las disposiciones administrativas relativas a productos y aprovechamientos por falta de consensos en los municipios.
Dijo que esto perjudicaba el beneficio general, pues dichos conceptos de cobro dejaban de actualizarse conforme a factores económicos, lo que traía como consecuencia el deterioro de la hacienda pública y la pérdida de las capacidades financieras de los municipios para prestar servicios públicos de una mejor manera.
“las disposiciones administrativas relativas a productos y aprovechamientos, eran normas municipales que se utilizaban para cobrar multas y recargos, así como para establecer los montos que cobrará el gobierno municipal cuando actúe en la esfera del derecho privado, por ejemplo, cuando se rente algún inmueble propiedad del municipio a un particular”, detalló.
Sin embargo, aseguró que disminución de la votación para la aprobación de estas disposiciones al interior del ayuntamiento, permitirá que los valores y costos de este tipo de ingresos, sean actualizados periódicamente con base en los ajustes inflacionarios autorizados por el Congreso y de conformidad con las cualidades específicas de los actos que celebre el ayuntamiento en la esfera del derecho privado.
Alfaro García señaló que con la reforma, se procura y refuerza el principio de certeza jurídica en beneficio del ciudadano, pues cualquier concepto distinto, al de productos y aprovechamientos, que pretendan realizar los ayuntamientos sustentado en disposiciones administrativas, estará viciado de origen y podrá ser impugnado por el ciudadano.
