León, Gto. La dirección de Empresas de Seguridad Privada en León, informó que en los últimos dos años, el padrón tuvo una baja de más de 40 empresas por el endurecimiento de requisitos.
Pero además la dependencia alcanzó el registro de 4 mil 446 elementos de las empresas a través del rostro lo que ha permitido no contratar perfiles con antecedentes penales e identificar empresas “patito”.

Aideri Villavicencio, titular de la dependencia, informó que este año ninguna empresa ha sido sancionada por no cumplir con los permisos y la dirección es la única con este proceso de reconocimiento facial a nivel estatal.
“Ellos entregan todos los requisitos y el guardia acude para tomarle la foto de reconocimiento y huella lo que nos permite que al momento de hacer inspección sean a través de su rostro (…) ya no agarran a cualquier persona y la ponen de guardia”, destacó la directora.
Autoridades municipales y estatales inauguraron el tercer simposio internacional de seguridad pública en donde destacaron que León alberga el 71% de empresas a nivel estatal, con un total de 156.
El año pasado la dirección revocó un permiso por no cumplir, pero además en los últimos dos años el padrón bajó de 200 empresas a 156, ante la agudización de los requisitos.

En el último año se iniciaron 74 procesos administrativos sancionadores, 43 de ellos quedaron resueltos con sanción y 29 están pendientes por resolver.
“Hemos revocado una el año pasado, este año va limpio el proceso. Si detectamos una empresa irregular se programa una visita y se suspende, es una medida para que la empresa no preste servicios hasta que no lo tenga”, detalló Villavicencio.
Empresas con permiso federal se instalan
La dependencia ha detectado también que empresas con permiso exclusivamente federal buscan dar servicio en el municipio, pero esto no es posible.
“Hay empresas con permiso federal que piensan que con su permiso pueden presentar servicio en toda la república, pero deben cumplir con la normativa estatal y local”, añadió la funcionaria municipal.
Las empresas incumplidas pasan por un proceso de amonestación, que va de las 100 hasta las mil unidades de medida de actualización, es decir, de los 10 mil 300 a los 103 mil pesos.