Por Sukanti Bhave
Ciudad de México, (InSightCrime).– Las autoridades investigan a un grupo que usaba a personas en situación de calle para introducir teléfonos móviles y narcóticos a prisiones de Costa Rica; es la segunda vez que se descubre una red de ese tipo en un lapso de dos meses.
El grupo reclutaba a hombres y mujeres sin hogar de las calles de San José y luego los obligaba a visitar las prisiones con esos objetos ocultos en sus rectos o vaginas, según informó La Nación. Detrás de la red había un par de hermanos, hombre y mujer, quienes junto con otras dos personas fueron detenidos y acusados de trata de personas luego de una redada policial el 20 de septiembre. Los traficantes daban un baño, ropa nueva y comida a los indigentes antes de enviarlos a la cárcel.
Se desconoce cuánto tiempo operó el grupo, pero a finales de agosto, la policía detuvo a dos hombres y una mujer que atacaron a un hombre fuera de la prisión Luis Paulino Mora, en Alajuela. El hombre declaró a la policía que el ataque ocurrió luego de que se negara a introducir un teléfono celular al centro carcelario. Salió dos veces de la fila de visitantes hasta que finalmente alertó a las autoridades de la conspiración.
Ambos hechos son objeto de investigación, y a las cuatro personas detenidas se les impusieron tres meses de detención preventiva.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
El contrabando de celulares por parte de las pandillas y sus cómplices es generalizado en las prisiones ticas, y el abuso sufrido por hombres y mujeres indigentes es un ejemplo más de cómo se pone a poblaciones vulnerables al servicio del crimen organizado.
Los grupos criminales pagan entre 100 y 700 dólares para obtener teléfonos de contrabando, los cuales pueden venderse luego a los reclusos hasta por mil 400 dólares, según La Nación. Estos por lo general usan los teléfonos para seguir sus actividades extorsivas y sus operaciones de narcotráfico desde la cárcel.
El mercado negro “mueve mucha plata”, declaró el director de prisiones de Costa Rica Pablo Bertozzi al diario en junio de 2018.
Cerca de 10 mil 14 teléfonos se confiscaron en penales costarricenses entre 2015 y 2018, pero ese volumen sólo representa una parte de los teléfonos que circulan en las cárceles, según las autoridades.
Parte del problema es que las penas por contrabando de móviles son mínimas, y la mayoría de quienes son atrapados reciben multas irrisorias e incluso nada más que amonestaciones. Esto no hace más que empeorar el tráfico e incluso puede ser un incentivo para que quienes se dedican al negocio asuman mayores riesgos, como abusar de hombres y mujeres habitantes de calle.
Más aún, los grupos criminales muchas veces explotan las poblaciones en riesgo. Por mencionar unos pocos ejemplos, los tratantes de blancas buscan jóvenes y mujeres carentes de recursos para el tráfico sexual o para que actúen como correos humanos de drogas; los cárteles en México reclutan adolescentes, y en Colombia se usa a migrantes venezolanos para cosechar hojas de coca o trabajar en prostitución.
