Guanajuato, Gto. Para que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre su vida con la mayor autonomía posible, se busca establecer en el Código Civil para el Estado una reforma en materia de interdicción.
Este termino significa que una persona en este caso alguien que sufra algún tipo de discapacidad, está declarado legalmente como incapaz y está privado de ciertos derechos. Precisamente esto es lo que busca cambiar la propuesta presentada por legisladores del Partido Acción Nacional.
La diputada Katya Soto Escamilla aseguró que el derecho de las personas con discapacidad a vivir en forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, implica además tener libertad de elección, así como capacidad de control sobre las decisiones que afectan su vida.
Sin embargo señaló que una de las barreras que impiden ejercer este derecho es la negación total de la capacidad jurídica, especificada en la ley, por prácticas oficiales o de facto, es decir por la consideración social de que no tienen un criterio propio.
“No debe negarse de manera total a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que debe de proporcionárseles el acceso al sistema de apoyos que necesiten para ejercerla y para tomar decisiones, asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere una medida especifica en virtud de su condición particular y requerimientos personales”, manifestó.
Añadió que la capacidad jurídica es un atributo universal, inherente a todas las personas por su condición humana y no debería haber ninguna circunstancia que permitiera privar a una persona del derecho al reconocimiento como tal ante la ley.
Soto Escamilla señaló que el mayor interés no consiste en que otro decida, sino en procurar en que la persona con discapacidad disponga del máximo de autonomía para tomar decisiones por sí misma y dijo que para ello deben instaurarse mecanismos de asistencia para apoyarlos a que puedan tomar sus propias decisiones.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia ha señalado que debe garantizarse la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad sobre el término interés superior que antes se privilegiaba en la legislación.
“Reconocemos el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas”, concluyó la legisladora del PAN.
