Guanajuato, Gto. De acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés) a nivel mundial seis de cada 10 niños, de entre dos y cuatro años de edad, han sido objeto de castigo corporal por quien los educa y cría, aseguró la diputada del PAN, Katya Soto Escamilla.
Con estos datos respaldó la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar y a la Ley para Erradicar la Violencia en el Estado que plantea la prohibición al castigo corporal y físico y el trato humillante.
Esto implicaría una prohibición para que padres de familia o tutores pueden ejercer todo tipo de maltrato a menores, como lo son las nalgadas, manazos o pellizcos.
“Buscamos, desde nuestra trinchera, construir una regulación cada vez más sólida y eficaz en materia de nuestros niños, siempre regida por el principio del interés superior de la niñez y se daría un importante paso en el cumplimiento de las normas de derechos humanos que establecen la Constitución y los tratados internacionales que protegen la integridad de todas las personas sin excepción alguna”, señaló la legisladora.
Soto Escamilla consideró que la eliminación de violencia que se dé en contra de niñas, niños y adolescentes representa un avance para una sociedad justa, pacífica e igualitaria.
Reconoció que si bien la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal prohíben de manera expresa el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a los menores a nivel local es necesario establecer un enfoque preventivo y de generación de capacidades parentales y de crianza positiva.
“Nuestra legislación estatal ya incluye la prohibición explicita del castigo corporal y humillante, resulta necesario ampliar las consideraciones y directrices, para clarificar el significado de los conceptos y criterios relacionados con el fenómeno de las medidas correctivas… medidas que, en muchas ocasiones vulneran la dignidad y bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes”, expuso.
En la iniciativa se propone la necesidad de que el Estado auxilie a padres de familia y tutores para desarrollar habilidades para la educación de los menores y con ello también las capacidades de los mismos.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género y de Educación Ciencia y Tecnología y Cultura en lo correspondiente a los ordenamientos de su competencia.
