Irapuato, Gto. Para acreditar si fueron lícitos, o no, los datos de prueba que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Miguel Ángel ‘N’ presunto responsable de la desaparición y violencia familiar ejercida contra Juan David, se llevó a cabo la audiencia incidental.
Esto en la sala seis de los Juzgados de Oralidad Penal de Irapuato, donde fueron entrevistados cuatro de los nueve testigos citados a petición de la defensa del inculpado.
“La defensa pretende desvirtuar, unos datos de investigación al señalar que se obtuvieron de manera ilícita, estamos trabajando en los datos de prueba sobre la obtención del teléfono celular que se le revisó al señor Miguel Àngel y sobre lo que es el permiso que se dió a la casa- habitación, lugar de los hechos, de donde sacaron al menor de edad” explicó la buscadora y asesora jurídica de la familia paterna de la víctima, Norma Patricia Barrón Núñez.
A una reducida sala con notables deficiencias de ventilación, ingresaron uno a uno, tres funcionarios de la FGE, una de ellas María Esther Pérez Villanueva, fiscal que lleva el caso en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares; un cuarto testigo dejó de laborar en la Fiscalía en febrero pasado.
Los funcionarios y el exempleado son quienes intervinieron en los procesos y trámites, desde el arresto del expolicía Miguel Àngel ‘N’ el 17 de mayo por delitos contra la salud, donde le fue asegurado un cuchillo, cinco envoltorios con una sustancia similar a la metanfetamina y un teléfono móvil. Lo que quedó asentado en la carpeta de investigación 54577/2022, misma que pasó al archivo temporal.
Los testigos coincidieron en que no hay un impedimento legal que prohíba que el teléfono móvil sea usado como objeto de investigación para una segunda carpeta de investigación 53303/ 2022 que se aperturó por la desaparición de Juan David, ya que la denunciante dio el nombre del inculpado.
Ello al argumentar que el dispositivo nunca fue solicitado por alguna persona, ni tampoco se acreditó la propiedad del mismo, lo que difiere de llamarse una pertenencia.
Para este miércoles se acordó solo abordar lo relacionado a la obtención de la información del teléfono móvil, por lo que únicamente a María Esther Pérez Villanueva también se le cuestionó el ingreso en más de una ocasión al domicilio de la calle Gran Canaria de la colonia Urbi Villa del Rey, al que precisó se accedió con autorización de la madre del menor, quien estuvo dispuesta a colaborar pues quería localizar a su hijo, por lo que no se necesitó de una orden de cateo.
Destacó que al domicilio ingresaron agentes de Investigación Criminal y peritos, quienes realizaron diligencias en presencia de Reina y es que era materia de investigación el supervisar el lugar de los hechos, para lo que se llevaron a cabo peritajes, de los que cabe mencionar se aseguraron indicios como lo fueron prendas de vestir del inculpado.
Las abogadas de la defensa exigieron en más de una ocasión reducir respuestas a un ‘sí’ o ‘no’.
Sobre esta audiencia, Barrón Núñez dijo que se irán concatenando los datos de prueba y destacó la importancia de que una novena testigo que aceptó acudir a dar su declaración al respecto, sea Reina, madre de Juan David.
“Vamos bien, nada más hay que acreditar que todo fue lícito, porque eso es lo que nos va ayudar para el resultado del juicio. Estamos hablando de ministerios públicos que tienen experiencia en poder obtener datos de prueba, de acuerdo con sus funciones, es lo que se está viendo”.
Precisó que en el caso concreto del teléfono celular, se obtuvo información con una autorización de un juez federal, quien de haber percibido ilicitud, lo hubiera rechazado, lo que no ocurrió, pues tampoco hubo oposición por el inculpado, a quien se le notificó de ello.
“Esperemos que Juez al desahogo de estos datos de prueba, se pueda dar una idea y que el incidente no sea satisfactorio para defensa, sino que siga el curso para la etapa intermedia; estamos en el debate y muy importante será el testimonio de Reina, vimos que vino y estamos con esperanza porque hay un apoyo, lo que quiere decir que sí le interesa”.
La activista dijo que tras la presentación de pruebas a un juez, tendría que analizar qué pruebas si y que otras no acepta, para continuar con la fecha de juicio oral, tema que depende de la agenda del Poder Judicial.
