Guanajuato. El caso de Mónica Franco es ejemplo de la negligencia del Estado para prevenir feminicidios, incluso cuando ya se han denunciado hechos de violencia de género que deberían alertar a las autoridades.
Así lo señaló Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sobre el caso de Mónica Franco Gaona, quien estuvo hospitalizada durante diez días, luego de que su exesposo Alejandro, un expolicía de Moroleón, la apuñaló en siete ocasiones.
Previo al intento de feminicidio, Mónica tuvo una relación con Alejandro que duró 18 años en los que progresivamente sufrió violencia psicológica, verbal y física. Ella había presentado una demanda de divorcio que incluyó una orden de restricción, justo un mes antes de la agresión.
“En particular en ese caso y como ocurren muchos, me parece que hay un tema de negligencia por parte de las autoridades, porque esta joven ya había denunciado previamente algunos episodios de violencia”.
Dijo que en todos los casos de violencia, cuando una mujer acude ante una autoridad, lo que quiere antes de buscar un tema de justicia o de enrolarse en un proceso jurídico, quiere protección.
“Y creo que eso es un gran desafío que actualmente tiene el país y todas las entidades federativas, porque la violencia familiar, la violencia de pareja en particular, o sobre todo, es la antesala del feminicidio. Es una de las antesalas del feminicidio, pero es la antesala del feminicidio donde sí hay advertencias”.
Por ello argumentó que la falta de respuesta del Estado manifiesta su indolencia y su falta de capacidad para reaccionar y para proteger a las mujeres.
“Son esos casos los que se pueden prevenir. Afortunadamente, esta joven es sobreviviente, pero no en todos los casos es así. Hay muchos casos donde las mujeres, las jóvenes denuncian previamente y ante la indolencia de las autoridades pierden la vida, o sea, por parte de sus agresores, en manos de sus agresores”.
Expuso que es la realidad estructural en un país en el que, a pesar de los altos índices de feminicidio, no está prestando atención al tema de prevención en general y a la prevención específica cuando puede hacerlo, como es en este tipo de casos.
“Eso es en lo general, pero particularmente en casos como este, donde adicionalmente los agresores forman parte de la estructura del Estado, pero más que de la estructura en general, o sea, el ser policía, el tener estas redes de apoyo en un municipio, en una fiscalía, representa mayor riesgo y eso las autoridades tampoco lo están viendo”.
Además, advirtió que las autoridades se vuelven cómplices de los agresores al minimizar la violencia y el perfil que les da por las relaciones o por el trabajo. Simplemente saben cómo funciona el sistema y que difícilmente a una mujer le van a hacer caso o la van a atender como debe de ser.
“Las medidas que se deben tomar son realmente escasas, las que se implementan en el país y por la falta de sensibilidad de los servidores públicos adicional a estos pactos, en muchas ocasiones patriarcales, pero en este caso como de corrupción, finalmente, aunque no reciban un beneficio como tal”.
Puntualizó que particularmente cuando son policías, pertenecen a la milicia, o tienen estos roles dentro del Estado, cuando adicionalmente son violentos es un factor de riesgo adicional.
