León, Gto. Tras la masacre donde murieron más de 27 internos en Irapuato, los centros de rehabilitación del estado de Guanajuato, ven poca disponibilidad de las autoridades de los 3 niveles de gobierno para ser regularizados.
Nicolás Ponce, presidente de la Unión Estatal CRUB, durante rueda de prensa señaló que desde hace más de un año y medio han intentado ser escuchados por el gobierno debido a la situación que hay en los centros de rehabilitación ante las clausuras de los grupos en diversos municipios.
Habrá manifestación
Por la falta de dialogo con las autoridades e intentar ser escuchados por el gobernador de Guanajuato, representantes de los centros de rehabilitación del estado están planeando una manifestación pacífica en el palacio de Gobierno en la capital el miércoles al mediodía.
El motivo de la protesta será para buscar compartir sus puntos de vista sobre el acuerdo de colaboración con el Centro Islandés de Investigaciones y Análisis Sociales, que a decir de Diego Sinhue será un parteaguas en la prevención de adicciones en beneficio de la niñez y juventud guanajuatense.
“Para nosotros que conocemos del tema se nos hace bien absurdo porque son 2 países con culturas muy diferentes. Aquí en México una de las drogas de impacto son las metanfetaminas, en Islandia tienen el alcoholismo y es un país donde la posición social es media”, dijo Nicolás.
Fue el pasado 27 de noviembre en el marco del segundo Foro Estatal de Prevención y Tratamiento de Adicciones, cuando el gobernador de Guanajuato, firmó el acuerdo para atacar el problema de las adicciones.
“Hemos estado casi un año y medio atrás de ellos. Lo que sí queremos es que nos abran un espacio. Buscar la forma de dignificar nuestro trabajo de las personas que hemos hecho un mal uso de esas sustancias”, dijo.
Detalló que este miércoles a las 9 de la mañana saldrán rumbo a la capital del estado donde protestarán hasta que sus propuestas sean escuchadas personalmente por el gobernador.
Solicitan a autoridades que faciliten los permisos
Juan Pablo, representante de la mesa directiva de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, explicó que para ellos es de vital importancia que la sociedad se dé cuenta de la labor humanitaria que realizan por dignificar las condiciones de vida de las personas, por lo que necesitan la regulación para operar de forma legal.
“Nos vienen que con un permiso de suelo, cosas que nos puede dar el gobierno pero no está poniendo constantemente candados y no nos los dan, nosotros estamos dispuestos a pagar el precio que requiere el servicio pero también sería necesario que el gobierno nos subsidiara esos permisos.
Aseguró que en un centro de rehabilitación de la colonia Guadalupe en la ciudad de León, le han negado el permiso de uso de suelo por ocho ocasiones durante los últimos 3 años debido a que no cumple con la norma 028, la cual contempla las operaciones del lugar similares a las de una clínica.
“Primero fue por el contrato de arrendamiento, después por el formato de solicitud, luego le empezaron a pedir requisitos de acuerdo a la norma 028 como el contar con instalaciones y equipos apropiados de acuerdo al modelo de atención que brinde a los usuarios”.
Mencionaron que hay grupos de recuperación donde sus encargados prefirieron evitar problemas con papeleos y cambiaron de dirección sus instalaciones, lo que recae en que sigan operando de forma no legal o en la clandestinidad.
“Nosotros lo que buscamos es regularizarnos pero que también sean conscientes de que las ayudas que los familiares nos dan con eso no alcanzamos a cumplir sus exigencias. A veces llega la Secretaría de Salud y te piden cosas como si fuéramos hospitales. Lo hacen con la finalidad de que nos desanimemos y acabemos con la labor que hacemos”, dijo Nicolás.
Piden tomar consciencia
Margarito, vicepresidente de CRUB, dijo que buscan que el gobierno federal, estatal y municipal, tomen conciencia que los internos de los centros de rehabilitación son humanos a los que les tocó adquirir la enfermedad del alcoholismo y drogadicción.
“Nosotros a las autoridades no les estamos pidiendo que nos regalen o nos den dinero. No les estamos pidiendo nada, únicamente que nos dejen trabajar y que nos faciliten los permisos. Nosotros estamos conscientes del costo pero que no nos pongan tantos candados”, contó Juan Pablo.
Contó que la demanda por satisfacer el consumo a los adictos conlleva a otros delitos por lo que los centros de rehabilitación detienen de 3 a 5 delitos por usuario, dijo Margarito, sobre la labor beneficiosa que hacen a la sociedad.
“La Organización Mundial de la Salud dictaminó que el alcoholismo era una enfermedad de origen emocional que afecta el físico, lo mental y lo espiritual… La necesidad de seguir consumiendo porque nuestro cuerpo nos exige otra dosis nos lleva a cometer delitos muy graves que del todo nosotros somos los responsables”, comentó.
Por último recordaron las declaraciones del secretario de seguridad pública, Alvar Cabeza de Vaca, sobre los anexos que eran semilleros de la delincuencia organizada, por lo que coincidieron que al contrario, ellos buscan mejorar y enderezar las vidas de las personas bajo el modelo de recuperación de AA (Alcohólicos Anónimos).
Cierre deriva en suicidios
Nicolás Ponce, lamentó que tras la clausura de varios centros de rehabilitación, un par de internos al estar en sus hogares se quitaron la vida.
“A consecuencia de las clausuras, los familiares miran el sello y la gente se espanta, saca a los internos y ahorita ya se nos han matado dos. Son muchas cosas que nosotros queremos evitar o igual el gobierno nos pone muchas trabas”, finalizó.
Detalló que en Irapuato se tenían detectados 250 anexos y que tras la masacre en la comunidad de Arandas, al menos 80 fueron cerrados tanto porque fueron clausurados como por temor de los internos y padrinos.
