Ciudad de México (dpa). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy el inicio de la implementación del nuevo mecanismo de seguimiento especial creado para el caso de la desaparición y asesinato de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, en el sur de México.
El mecanismo, establecido en julio, tiene como objetivo dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso durante un año, en el que entregó al Gobierno mexicano dos informes.
“El trabajo realizado por el GIEI fue fundamental y es de la más alta importancia para la CIDH asegurar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en los dos informes que emitieron”, dijo el presidente de la CIDH, James Cavallaro, de acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión.
“Estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado con el Gobierno mexicano a los efectos de pasar a la etapa de implementación del mecanismo”, señaló.
Para la implementación del nuevo mecanismo de seguimiento, la CIDH nombrará dos asesores técnicos especiales “para realizar labores de recopilación de información y documentación sobre el caso”. Estos asesores, en coordinación con el Gobierno mexicano, podrán realizar visitas a ese país y tendrán acceso a los expedientes del caso, así como a otras fuentes de información.
“Los asesores técnicos podrán realizar visitas a México con la frecuencia y por el tiempo que resulte necesario para su labor”, indicó el comunicado.
El GIEI fue establecido en noviembre de 2014 para ofrecer asistencia técnica en la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre de ese mismo año en el estado sureño de Guerrero.
Los jóvenes eran estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y desaparecieron después de que policías municipales los persiguieron y los entregaron a un cártel, que supuestamente los asesinó e incineró.
Los informes del grupo de expertos, cuyo mandato terminó en abril, sacaron a la luz los fallos, lagunas y contradicciones en la investigación que estaban realizando las autoridades mexicanas sobre el caso y refutaron la hipótesis oficial de que fueron asesinados e incinerados en un basurero por falta de evidencias científicas para sostenerla.
