Por Sugeyry Romina Gándara
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Una situación grave ocurre en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, donde se ha destapado una ola de abusos cometidos contra menores en instancias infantiles donde al menos cinco guarderías ya fueron cerradas tras encontrarse indicios de abuso sexual a por lo menos 71 niñas y niños. Se trata de Mi Mundo de Colores, Loon, Niñito Jesús y Mi Pequeño Tambor, las cuales operaban de manera indirecta o subrogada bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La quinta es la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) número 32, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Las madres y padres de familia, así como usuarios exigen a las autoridades que se realicen investigaciones claras, que se agoten todas las instancias y que el caso se lleve hasta las últimas consecuencias; que se castigue no sólo a los responsables directos de los ataques y abusos contra los menores, sino que también se investigue a fondo y se sancione a quienes incurrieron en negligencia u omisión, poniendo en riesgo a sus hijos.
“Lo que queremos en realidad es que no le den carpetazo al asunto. Queremos que encuentren a los responsables, que se les procese como debe de ser, porque en realidad, los niños afectados son niños que están desde las salas de cuidado que son de de 1 año y medio, de 2 años hasta los de preescolar que son de de tres, cuatro y 5 años”, indicó en entrevista con SinEmbargo, Selene Arevalo madre y usuaria de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) número 32, una de las cinco guarderías denunciadas y cerradas.
La titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), Wendy Chávez, confirmó a este medio que a la fecha, tras las denuncias por abuso infantil, se realizaron valoraciones médicas y psicológicas a 218 menores, de las cuales, en 71 casos se encontraron indicios de que las y los menores fueron víctimas, en su mayoría, de delitos de orden sexual, aunque también se identificaron cuatro casos de maltrato infantil y uno de violencia familiar, según expuso la funcionaria estatal. La mayoría de las víctimas, detalló, tienen entre 2 y menos de 4 años de edad, aunque también se han documentado casos en menores de entre 1 y 2 años.
“Ha sido un tema que nosotros hemos estado abordando en las últimas semanas, casi un poquito más de un mes. Hasta el momento, hemos hecho una revisión de más de 200 niños y niñas, como 218 -219 intervenciones de orden médico y de carácter psicológico, con el objeto de verificar si han sido posibles víctimas de la comisión de algún delito, preponderantemente de orden sexual, pero también de alguna cuestión que implique maltrato. En ese aspecto, de todo este universo de niños y niñas a quienes se les han hecho intervenciones, se ha podido determinar indicios que nos permiten establecer la posible comisión de un delito en perjuicio de estos niños y niñas en 71 casos. Mismos que se han aperturado como carpetas de investigación por ese motivo y la mayoría de los asuntos son delitos de orden sexual. En algunos ha concurrido, hay concurrencia de otras figuras delictivas como maltrato infantil o violencia familiar, pero son cuatro casos, me parece, por maltrato infantil y uno por violencia familiar”, confirmó en entrevista.
De acuerdo con la Fiscal, las investigaciones se concentran por ahora en Ciudad Juárez y abarcan cinco centros, mismos que ya fueron suspendidos de manera temporal por parte de las autoridades como la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de Chihuahua: “Mundo de Colores”, con 34 carpetas; “Lun”, con entre 15 y 19; “Niñito Jesús” y “Mi Pequeño Tambor”, con dos cada una; y una guardería operada por el ISSSTE, con 18 o 19 carpetas. Sobre esta última, se mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para analizar la posible declinación de competencia, dado que se trata de una institución federal.
Las madres reclamaron que a pesar de que desde febrero se presentó la primera denuncia formal antes las autoridades, tardaron semanas en actuar y las estancias continuaron funcionando. “Principalmente lo que nosotros queríamos era que la estancia fuera cerrada al menos durante lo que termina la investigación, porque la estancia seguía funcionando de manera normal, aun sabiendo que estaba que había esas carpetas pendientes”, explicó la madre.
La Fiscal Chávez confirmó que las investigaciones comenzaron a partir de febrero de este año, luego de que se presentó la primera denuncia en el centro de cuidado “Mundo de Colores”.
“A inicios de febrero, no recuerdo si fue exactamente el cuatro, cuando se inicia con la primera denuncia que correspondió a, específicamente, un centro de atención infantil que se llama Mundo de Colores y derivado de la intervención que nosotros hicimos en este en este espacio, continuaron acudiendo núcleos familiares con este objeto que comento que fue para la verificación o descarte de que sus hijos o hijas pudieran estar siendo víctimas de la comisión de algún delito”, señaló la Fiscal.
Arévalo, la madre usuaria de la estancia del ISSSTE, indicó que a los padres no se les informó de la situación hasta el lunes 24 de marzo, cuando uno de ellos compartió de forma anónima en un grupo de WhatsApp que su hijo había resultado positivo en una revisión por abuso sexual.
Ese mismo día, relató la madre, la dirección de la guardería citó a los padres a una reunión urgente, en la cual, la directora encargada les informó que desde el 5 de febrero la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) había acudido a solicitar los videos de las cámaras de seguridad, y que, al no contar con una USB, entregó el sistema completo de videovigilancia. Arévalo señaló que esa fue también la última vez que vieron a la encargada, quien actualmente se separó por presunta incapacidad y no ha vuelto a presentarse.
“Desde el 5 de febrero hasta el 24 de marzo no había cámaras, no había sistema para estar videograbando en ela estancia. Entonces, nunca se nos notificó a nosotros padres de familia”, narró.
La madre recalcó que fue sólo hasta que se viralizó el mensaje anónimo, el 24 de marzo, que la encargada se vio obligada a convocar a una reunión ese mismo día y hasta que fue cuestionada directamente informó sobre la diligencia de la Fiscalía, pero todavía les negó a los padres que la denuncia señalaba que el abuso había sido cometido en la estancia, pues les dijo a los padres que el caso investigado no tenía relación con la estancia y que los hechos habían ocurrido en el hogar del menor.
“Entonces, a ella (la directora de la guarderia del ISSSTE) se le salió de las manos. Nos tuvo que avisar sólo porque se le salió de las manos que mandaran ese mensaje de manera anónima. Fue cuando no dijo que sí les habían llevado un oficio por parte de Fiscalía donde solicitaban las cámaras, pero que era un caso externo, o sea, que los hechos supuestamente habían sucedido en la casa del niño o de la niña”, narró.
Al día siguiente, el martes 25 de marzo, tras una segunda denuncia confirmada de otro niño que asistía a la sala de lactantes, comenzaron a circular más mensajes y padres de distintas salas empezaron a llevar a sus hijos a valoración con personal de la Fiscalía.
“El martes a la hora de salida, una de las mamás de la sala de mi niña, que es lactantes, mandó mensaje que ella había llevado a su niño a revisión a la Fiscalía, porque pues no se había quedado a gusto y que efectivamente el niño había resultado positivo abuso sexual. Entonces pues ya de ahí todos empezamos a alertarnos, a llevar a los niños a revisión”, dijo.
Las niñas y niños, explicó la madre, eran evaluados por psicólogos del área especializada conocida como “Antenas”, donde los padres primero respondían un cuestionario para detectar indicadores de abuso. Si se encontraban señales suficientes, los niños eran revisados por médicos legistas.
Arévalo relató que en ese momento la falta de información oficial los obligó a organizarse entre ellos, porque nadie les daba respuestas claras ni información a la que han tenido acceso, en su mayoría, por mensajes en grupos de WhatsApp entre madres y padres.
A pesar de la gravedad de los hechos, las estancias funcionaron con normalidad por días. Solo suspendieron clases entre el miércoles 26 y el viernes 28 de marzo, y no por decisión oficial, sino porque el viernes correspondía consejo técnico y los días anteriores se alegó una revisión del sistema de videovigilancia.
“Los papás no nos estuvimos tranquilos, estuvimos preguntando, cuestionando y no se nos dio respuesta, nadie contestaba, no se nos decía nada y pues nos empezamos a juntar entre nosotros a pedir información. Mientras la estancia siguió funcionando de manera normal. Solamente miércoles, jueves y viernes de esa misma semana suspendieron las clases, pero no por las denuncias, sino porque el viernes porque era consejo técnico y miércoles y jueves porque supuestamente ya estaban instalando las nuevas cámaras”, señaló.
Cuestionada sobre la denuncia de los padres y madres con respecto a que las estancias siguieron operando algunos días, aun después de las denuncias, la Fiscal de la Mujer indicó que la dependencia no tiene facultades para cerrar estos espacios, sino que esa responsabilidad recae en el Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE, según corresponda.
“Derivada de la acreditación de presuntas conductas delictivas que pudieran estarse presentando en estos centros, nosotros no determinamos el cierre de las instancias. Hay un área aquí en Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil, que es la instancia que tiene la competencia legal para hacer la verificación de las actividades que realizan los centros de cuidado infantil en el estado que no son de orden federal”, dijo.
La Fiscal también señaló que intervenciones por parte de la Fiscalía en las estancias infantiles se realizaron porque constituyen uno de los entornos más cercanos de los niños y niñas. No obstante, dijo que la Fiscalía también investiga otros espacios donde los menores pudieran haber estado en contacto, incluyendo el entorno familiar, si así lo consideran necesario.
En cuanto a la posibilidad de que haya patrones de negligencia o irregularidades sistemáticas dentro de estas guarderías, la Fiscal chihuahuense respondió que aún es muy pronto para establecerlo.
“Todavía estamos en procesos de investigación muy tempranos y, por el volumen de casos y de las víctimas, sería muy desafortunado por parte mía aventurarme a decirle que hemos detectado propiamente una cuestión que nos indique un patrón o que haya algún tema de negligencia. Para poder manifestar alguna cuestión de esta, tendríamos que haber agotado ya completamente las investigaciones en todas las instancias y ver si se da alguna situación similar y, adicionalmente, alimentarnos de la información que devenga de las investigaciones de orden administrativo, dado que, por ejemplo, la reglamentación para las instancias que corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social es diversa, o puede ser diversa”, dijo.
Sin embargo, la Fiscal recalcó que se está llevando a cabo un protocolo de investigación similar en todos los casos, que incluye la verificación criminalística de los espacios, el análisis de las cámaras de seguridad y su cobertura para identificar posibles puntos ciegos o situaciones de riesgo.
