Guanajuato. Ante el incremento de casos de acoso sexual en el transporte público, la colectiva feminista Regla Rota hizo un llamado urgente a las autoridades municipales para implementar una campaña efectiva contra el acoso sexual en el transporte público, pues es una problemática que ha ido en aumento y afecta gravemente la seguridad y libertad de las mujeres en Guanajuato.
Tan solo en León, en los últimos meses se reportaron más de 17 agresiones. Por ello, la colectiva señaló que las denuncias por acoso en unidades de transporte urbano son constantes, pero pocas veces son atendidas de manera adecuada.
“El miedo no debe ser parte del trayecto diario de las mujeres. Nos enfrentamos a miradas lascivas, tocamientos, comentarios obscenos y actitudes intimidantes, y la autoridad sigue sin tomar medidas efectivas”, denunció.
Según los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, en Guanajuato, el 23.3 por ciento de las mujeres mayores de 15 años reportó haber sufrido acoso o violencia sexual en espacios públicos. Entre los lugares más señalados se encuentran las calles, el transporte público y los alrededores del hogar.
A nivel nacional, el transporte público ha sido identificado como uno de los espacios donde más se presenta el acoso sexual.
La misma encuesta indica que el 27.2 por ciento de las mujeres que han sufrido violencia en espacios públicos señalan al transporte como el lugar de la agresión.
Por ello, la colectiva Regla Rota pidió la implementación de campañas de prevención y atención inmediata.
“Se insiste en la necesidad de campañas permanentes de prevención, además de capacitación a operadores del transporte y a elementos de seguridad pública para actuar ante este tipo de agresiones.
“No basta con mensajes en las unidades. Se requiere vigilancia, protocolos claros y una respuesta inmediata ante las denuncias”, subrayan.
Además, plantearon la importancia de establecer mecanismos de denuncia accesibles y seguros para las víctimas, ya que muchas veces las mujeres no se sienten protegidas por las autoridades o temen represalias.
Finalmente, dijeron que la falta de respuesta institucional y los programas que solo son simbólicos no atienden de fondo este problema.
“Las mujeres no deberíamos tener que cambiar nuestras rutas o nuestros horarios para sentirnos seguras. Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la movilidad libre de violencia”, concluyó.
