León, Gto. Israel y Ulises desaparecieron en Silao en hechos separados, presuntamente fueron raptados por hombres armados que viajaban en un mismo vehículo. Sin diligencia forense en su identificación ni un plan de búsqueda, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) presentó informaciones contradictorias y retardó la entrega de los cuerpos.
Así lo denunció el Colectivo Buscadoras Guanajuato, un grupo de 15 familias de personas desaparecidas en León, principalmente registrados de 2017 a la fecha, que forma parte del “Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato”, junto con los Colectivos “Cazadores”, “Justicia y Esperanza”, “Mariposas destellando buscando corazones y esperanza”.
El colectivo denunció los casos de Ulises Alberto Rojas Flores y Fernando Israel Martínez Sánchez quienes desaparecieron el 19 de julio. De estos, “prácticamente a un mes de distancia fueron identificados en los servicios forenses de la FGE los días 12 y 14 de agosto, respectivamente”.
De acuerdo a la recopilación que dieron a conocer, Israel Martínez fue detenido por policías estatales y municipales que lo llevaron a la barandilla de la central de la Policía de Silao; lo presentaron por supuesto robo de una motocicleta, pero horas después quedó libre cuando se presentaron los documentos de propiedad del vehículo.
“En ese momento fue interceptado por un automóvil Jetta gris, por un grupo de hombres con armas largas, que se ostentaron como policías ministeriales. A partir de ese momento se desconoció el paradero de Irsael. En hechos por separado Ulises Rojas fue privado de su libertad alrededor de las 8 de la noche presuntamente por el mismo vehículo. Su familia también perdió contacto con él”.
Señalaron que Ulises fue identificado por su familia el pasado 12 de agosto, 24 días después de su desaparición sin que la fiscalía regional, con sede en Irapuato, presentara algún avance en la investigación ministerial.
“El caso de Israel es particularmente grave debido a que se presume la participación de agentes estatales y a que la Fiscalía Regional encargada de su caso no actuó con diligencia para la identificación forense. Además, tardaron casi 72 horas en entregar el cuerpo y ofrecieron información contradictoria sobre el deceso”, precisaron.
Para el colectivo Buscadoras, ambos casos representan la falta de comunicación entre Fiscalías Regionales y la FGJ para la identificación forense, así como la omisión de la diligencia en la investigación ministerial.
“Como Colectivo mostramos nuestro más enérgico rechazo a estos hechos y reclamamos se investigue desde los más altos estándares”.
Por todo lo anterior, exigieron que la Fiscalía reconozca la crisis forense en la que se encuentra la entidad, y pidieron que la Comisión Estatal de Búsqueda establezca junto con la Fiscalía un plan urgente de identificación y reconocimiento de las personas que se encuentran en los
servicios forenses.
“Es urgente un laboratorio exclusivo para identificar en el menor tiempo posible los cuerpos”.
Precisaron que es necesario que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) inicie una investigación profunda en ambos casos, para que determine si hubo participación de autoridades en la desaparición, la omisión de la autoridad ministerial y la posible colusión de funcionarios de la Fiscalía.
“El Estado mexicano es responsable de la seguridad de las familias de Israel y Ulises, por lo que se pide que la PDHEG emita medida cautelares y que el Mecanismo Federal de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista ofrezca medidas de seguridad, en su condición de personas defensoras de derechos humanos”, sentenciaron.
