León, Gto. Las Organizaciones de Derechos Humanos y colectivos de búsqueda de personas, exigieron iniciar brigadas de búsqueda en Cortazar, además de recursos y facilidades para el procesamiento de fosas, muestras de ADN, identificación y apoyo psicosocial para las familias. Todo, acorde a las disposiciones de ley y ante la falta de información y avances de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La postura fue firmada por el Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, compuesto por los colectivos Justicia y Esperanza, Buscadoras Guanajuato, Mariposas Destellando Buscando Corazones y el Cazadores, además de los colectivos independientes De Pie Hasta Encontrarte, Una luz en mi Camino y la Plataforma para la Paz y la Justicia en Guanajuato.
En el escrito puntualizan que se deben agotar los puntos de búsqueda en Salvatierra y pidieron a la FGE dar acceso a búsqueda en Cortazar con asignación de peritos, transporte a familias y equipamiento para las búsquedas.
Además, denunciaron la filtración de fotos a medios de comunicación, faltando al respeto y generando graves riesgos de seguridad.
Esta postura pública la generaron ante el hallazgo de al menos 52 fosas clandestinas en Salvatierra con 66 cuerpos rescatados hasta el momento. Los firmantes manifestaron su intención de continuar en la búsqueda de sus seres queridos y defender el derecho de todas las personas desaparecidas, para ser buscadas en cualquier sitio de la entidad.
“Según las leyes en materia de Atención a Víctimas y de Desaparición, el equipamiento y transporte, la coadyuvancia y participación de las víctimas, junto con el apoyo de personas expertas y acompañantes, en los trabajos de búsqueda y localización en los distintos contextos de hallazgo en Guanajuato son derechos que deben ser garantizados por el gobierno y la fiscalía estatales”.
Por ello, consideraron que la asignación del número adecuado de peritos, arqueólogos forenses y antropólogos físicos por parte de la FGE, es con el fin de garantizar el correcto procesamiento de los restos y de los sitios, “la elaboración de análisis de contexto y patrones, la construcción de la verdad y la memoria, justicia y reparación, así como para agilizar la subsiguiente identificación y entrega digna”.
“Esperamos encontrar a nuestros familiares desaparecidos con vida, pero si llegáramos a encontrarles sin vida, el respeto de sus derechos, identidad y memoria deben estar en el centro. Frente a la angustia de la desaparición de un familiar, a la búsqueda y al hallazgo de las fosas, no ha sido ofrecido apoyo psicosocial específico a las familias y sus acompañantes, mismo que solicitamos”.
En cuanto a la difusión de contenidos violatorios de los derechos de las víctimas, externaron su preocupación, sobre todo por las publicaciones donde todavía utilizan términos estigmatizadores como “narcofosa” y “narcocementerio”, criminalizando a las familias.
“Aquellos que usan fotos filtradas de restos humanos, posiblemente de manera ilegal, por ser escenas de crímenes; los que usan sin permiso fotos que muestran la cara de compañeras buscadoras en primer plano, exponiéndose a fuertes riesgos de seguridad; los que faltan al respeto en la redes sociales”.
Por lo anterior, invitaron a los medios y la ciudadanía a reflexionar al respecto.
También denunciaron la ausencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg) pues esta no ha participado en las búsquedas, “lo cual denota una diferencia con otros estados, en donde sí coadyuva, y una menor protección para las víctimas”.
En cuanto a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, detallaron que, si bien aún no cuenta con plena capacidad operativa y financiera, su titular, Jaime Rochín, debe activar los más pronto posible las gestiones para garantizar todos los aspectos logísticos contemplados en la ley, para la atención a víctimas en las búsquedas.
“Igualmente recalcamos que hay recursos del “fondo no limitativo” de 10 millones de pesos, comprometido el 16 de enero pasado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, y desconocemos cómo se hayan usado”, recalcaron.
También solicitaron que la FGE envíe personal desde el primer día de búsqueda a primera hora, ya que ha habido demoras notables en atender con celeridad a las familias en campo y al primer respondiente cada vez que se da un hallazgo.
Por ello, consideraron que fueron atinados los diagnósticos que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) realizaron, señalando alcances y áreas de oportunidad de las primeras tres semanas de trabajos en Salvatierra.
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