Irapuato, Gto. La ausencia en Guanajuato de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y otras instancias de la Federación por falta de personal y presupuesto han obstaculizado avances en materia de búsqueda de personas, consideró Norma Patricia Barrón Núñez, fundadora del colectivo ‘Una luz en mi camino’.
Ello al demandar coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, y hacer un llamado para no politizar la problemática que hoy en día representa la desaparición de personas, pues el único interés y objetivo de las buscadoras, subrayó, es encontrar a sus familiares.
La activista guanajuatense asistió a la mesa de diálogo que encabezaron representantes del Gobierno Federal con colectivos, un encuentro que describió fue de escucha, pues no hubo acuerdos concretos, más allá de la esperanza de que se le de seguimiento a sus exigencias.
De la CNB, sostuvo que cuando estuvo al frente Karla Quintana tuvo participación activa en el hallazgo de fosas en Salvatierra y Cañada de Caracheo. Sin embargo, actualmente, la falta de presencia y coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) ha ralentizado los trabajos de localización.
“Estamos solicitando que la Comisión Nacional de Búsqueda pues tenga el personal adecuado y suficiente y que haya un involucramiento efectivo en las búsquedas, vemos que no hay actividad, a diferencia de otros años, parece ser ahorita que no existiera, no hay una presencia como tal en el Estado, todo se deslinda hacia la Comisión Estatal de Búsqueda. Necesitamos que tanto la autoridad municipal, federal y estatal, pues realmente tengan una coordinación efectiva”, dijo.
Entre las principales exigencias a la Federación, la buscadora también destacó la creación del Banco Nacional de Identificación Forense, que permitiría realizar pruebas de ADN a las más de 72 mil personas no identificadas en distintos estados del país.
Lo anterior, además de medidas de seguridad para las buscadoras, que apuntó, enfrentan riesgos constantes en su labor, lo que hace necesarias garantías de protección eficaces, ante la creciente vulnerabilidad de quienes participan en la localización de fosas clandestinas y restos humanos.
Barrón Núñez indicó que pidieron investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyas carpetas de investigación no integran y omiten delitos como delincuencia organizada, a pesar de que muchas desapariciones presentan un patrón similar y son cometidas por estos grupos.
Y es que cabe precisar que la desaparición de una persona, no solo se limita a un delito del fuero común con vista a la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que también hay procesos que se canalizan a la FGR
“Si bien existen varias carpetas de investigación, no vemos que se toque el delito de delincuencia organizada, únicamente son como desapariciones aisladas, cuando deberían de clasificarse en este delito, porque sabemos que varias desapariciones tienen el mismo modus operandi, son perpetradas por las mismas personas. La delincuencia opera con ese fin de secuestro, narcomenudeo, y pues vemos que no se hace la integración de las carpetas, no se federalizan, lo cual debe de tomarse en consideración”, detalló.
Este fue el caso de la propia Norma Patricia Barrón, quién desde el 2018 busca a su hijo Kevin, víctima de desaparición pero también de secuestro, este último delito asentado en una carpeta de investigación que atrajo la FGR, y mediante la cual solo habría algunos de los responsables en prisión.
Derivado de este proceso es donde ella se ha dado cuenta de las deficiencias por parte de las instancias.
En esa mesa de diálogo, la defensora de Derechos Humanos pidió que el Centro de Atención a Víctimas (CEAV) aumente el número de asesores jurídicos federales, pues actualmente solo hay un asesor jurídico para todo Guanajuato, lo que sostuvo, es insuficiente y vulnera los derechos de las víctimas que requieren representación legal en casos de desaparición forzada.
“Por ejemplo del secuestro de Kevin no se ve impulso procesal debido a que es necesario que se incrementen los asesores jurídicos, nada más hay un solo asesor jurídico y el encargado a nivel estado. ¿Qué es lo que representa esto para las familias? una nula actividad en el asesoramiento legal y violenta los derechos humanos de todas las víctimas que tenemos algún delito a nivel federal, como es la desaparición forzada en cuestión por autoridades”, detalló.
Sumado a ello, la activista agregó que hubo una exigencia a la Federación retomar los planes estratégico con la colaboración del Instituto Nacional Electoral (INE) para la identificación de personas a través de las huellas dactilares, estrategias de búsqueda, análisis de contexto de los casos en cada estado y la sistematización de todos los desaparecidos.
