Irapuato, Gto. A partir de este año, se habría cancelado el apoyo alimentario para las familias de las víctimas de homicidio doloso, cuyos casos se registraron antes del 2021.
Esto con base en las modificaciones hechas a las reglas de operación de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) y a pesar del anunciado aumento de 80 millones al Fondo de Atención a Víctimas.
La buscadora y fundadora del colectivo ‘Una luz en mi camino’, Norma Patricia Barrón Nuñez adelantó que prevén amparos y es que dijo que estos ajustes son un recorte al presupuesto, pues la ayuda sólo será dirigida a las familias de víctimas del 2021 a la fecha, que tengan hijos o prueben que dependían económicamente de esa persona que les fue arrebatada.
“Hicieron un recorte, ya ahorita solo son víctimas de homicidio que tengan hijos o dependan económicamente del fallecido desde el 2021 hacia adelante, los presupuestos se están recortando, son las medidas alimentarias que les llega a las familias, cada mes, es poquito, pero estamos viendo que están haciendo cambios y que no se considera a los colectivos al momento de emitir las reglas de operación”, sostuvo.
Cabe recordar que la ola de violencia se agravó y con ello, la desaparición de personas repuntó en el 2018, en algunos casos fueron localizadas sin vida, y pasaron a ser víctimas de homicidio doloso, ello sin considerar aquellas personas que fueron asesinadas en ataques armados para esos mismos años.
Para la buscadora, lo más preocupante son las niñas, niños y adolescentes que dejaron fuera de esta ayuda.
“¿En dónde están quedando esos niños, que ya están sacando del 2017, 2018, 2019 y 2020? Sus papás en su momento fueron desaparecidos y estos niños, niñas no accedieron al fondo, y ahora qué son homicidios, están dentro del contexto de violencia, y son víctimas, los están haciendo a un lado, el rango ahorita es 2021 hacia adelante”, indicó.
Barrón Nuñez expuso que no se consideró a las familias de colectivos pero tampoco la realidad, por lo que ahora dejan a esos menores desprotegidos, a pesar de haber sufrido algún tipo de violencia, delito que es de los más graves como la desaparición y el homicidio doloso.
Apuntó que ahora tendrán que buscar alternativas para estos niños, niñas y adolescentes que no tendrán una medida alimentaria.
“Es un aumento de presupuesto que se reduce en función de las víctimas, redujeron los años. son realmente delitos que se siguen por oficio, no tienen una fecha de caducidad, no hay un tiempo para que se puedan cerrar las carpetas, sigue la investigación y obviamente siguen siendo víctimas, estamos viendo la manera de interponer un amparo para las víctimas que están dejando fuera”, compartió.
La activista no descartó la posibilidad de abordar el tema con colectivos para poder llegar hasta la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo y el comisionado, Jaime Rochin del Rincón.
“Pidieron el aumento de presupuesto y se les da, pero reducen a los beneficiarios”, detalló.
En el caso concreto del grupo de víctimas que representa Norma Patricia Barrón, suman diez familias a las que rechazaron el apoyo este año, pero podrían sumarse más que ignoraban el acceso a este fondo.
