León, Gto. Los habitantes de la comunidad Jardines de Capellanía, acusaron actos de corrupción y anomalías en el proceso de litigio que emprendieron empresarios en el intento por desalojarlos de sus propiedades.
Los habitantes de este polígono señalaron que mediante argucias legales han intentado despojarlos, como parte de una estrategia legal que implica fraude a la hacienda pública y complicidad del Poder Judicial.
En un nuevo comunicado de prensa, indicaron que los actos jurídicos con los que la empresa Agros Unidos S. de P.R. de R.L. adquirió la propiedad, son actos simulados, donde existe participación corrupta de autoridades como el Servicio de Administración Tributaria y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Sostuvieron lo anterior al explicar que desde el 12 de octubre de 1993 se registró en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Guanajuato, la escritura 19995 de fecha 07 de abril de 1989, donde se protocoliza el contrato de compraventa celebrado por los señores Juan Gerardo Torres Jiménez, con el carácter de vendedor y José Luis Díaz Del Castillo Lie, como comprador.
“En mayo de 1999, el SAT a través de la subadministración de créditos y cobro coactivo, inscribe el oficio 92099 donde se embarga el inmueble por la cantidad de 13 millones 307 mil 596 pesos al deudor Manufacturas diversas SA de CV, con el carácter de definitivo; empresa de la cual Díaz del Castillo, es deudor solidario”.
Indicaron que después de diez años, el 6 de octubre de 2009, se registró una prórroga de inscripción del oficio de fecha 1 de octubre de 2009, remitido por la SHCP y el SAT, donde después de no pagar Manufacturas diversas SA de CV, el 9 de febrero de 2010 se registra la adjudicación a favor del SAT por 4 millones 380 mil 388 pesos.
“En fecha 19 de marzo del 2014, mediante escritura pública 22807 de fecha 02 de mayo del 2013, se registró la protocolización de un contrato por el cual la Tesorería de la Federación, mediante el SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes), vende a Agros Unidos S. DE. P.R de R.L representado por José Luis Díaz del Castillo Martínez”.
Este representante es hijo legítimo de quien fuera el propietario del inmueble antes del embargo realizado por el SAT.
“Con una muy sospechosa coincidencia en fechas, Agros Unidos junto con la entonces delegada de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación (Sagarpa). María de Lourdes Acosta Amaya, cometieron fraude a la Hacienda Pública Federal mediante actos de simulación realizados en conjunto con la empresa Merca Papel, de los hermanos Díaz del Castillo Martínez”.
Entre estos actos, consignaron el apoyo de 6 millones de pesos otorgado al proyecto “Post-Harvest Point” para su desarrollo y ejecución en el ubicado en el Ejido Rancho Pomona, como parte del programa Agrocluster 2014.
“En su intento desesperado, ilegal y fuera de toda comprensión en tiempos de pandemia; la Jueza tercero de lo penal del municipio de León, Grecia Selene Acosta Muñiz, solicitó el apoyo Guardia Nacional para apoyar en el desalojo de nuestra comunidad”.
Explicaron que el argumento es la necesidad de “garantizar los derechos fundamentales de los supuestos propietarios”.
“Por lo ya expuesto, y con la firme convicción de defender nuestro proyecto comunitario basado en un modelo de desarrollo sostenible, en donde nuestra existencia como comunidad promueva y favorezca la regeneración de nuestro medio ambiente; hacemos de su conocimiento que no desistiremos en nuestra resistencia comunitaria”, advirtieron.
Para los habitantes de Jardines de Capellanía, el mejor legado para las futuras generaciones es el recto ejemplo de “defender la dignidad humana, lo justo y a nuestra madre tierra”. Por lo que mantendrán las resistencia a ser removidos de su propiedad.
