Guanajuato. Las víctimas del delito de extorsión mantienen un crecimiento acelerado de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). De 2018 a abril de 2023, ya suman 1 mil 395 casos reconocidos de forma oficial.
De acuerdo al corte más reciente de información, en el primer cuatrimestre de este año suman 300 personas que han sido extorsionadas, lo que representa un incremento del 30 por ciento a comparación con el mismo periodo del 2022 que registró 231 víctimas.
Del total en el cuatrimestre, 117 fueron mujeres, 145 hombres, 18 menores de edad y 20 víctimas no segmentadas.
El año pasado fue el que más víctimas ha acumulado hasta ahora, con 668 registradas de forma oficial, de las cuales 243 fueron mujeres, 292 hombres y 49 niñas, niños o adolescentes. Otras 84 víctimas completan la cifra, pero sin especificar género ni edad.
Dichas cifras representaron casi el doble de las registradas en 2021, pues en ese año se dio cuenta de 373 personas con la misma tendencia; 125 mujeres, 191 hombres, 23 menores de edad y 34 víctimas que no detallaron género ni edad.
Fue precisamente en 2021 que este delito se catapultó, pues sólo se habían registrado 15 casos en 2018, 20 en 2019 y 19 en 2020.
En marzo, tras la comparecencia del fiscal general del estado Carlos Zamarripa Aguirre, La presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso de Guanajuato, Cristina Márquez Alcalá, declaró que el incremento de la extorsión se debe a que en la Ley establecieron más elementos para encuadrar estas conductas como un delito.
Aunque Zamarripa Aguirre reconoció que la extorsión es un delito con un significativo incremento en la entidad, por lo que sería necesario una revisión a la Ley, Cristina Márquez expuso que en las últimas dos legislaturas hubo modificaciones al Código Penal para dar herramientas a la Fiscalía y al Poder Judicial para combatir este delito.
Expresó que en la anterior legislatura se modificó la Ley, dado a la poca fortaleza de sanciones contra este tipo penal, y en la actual se reubica el delito del catálogo de patrimoniales al de flagelos contra la integridad.
