Guanajuato, Gto. La Contraloría capitalina lleva resueltos 4 de 46 casos que tenía abiertos a finales de agosto de este año. Tres de estas carpetas resueltas son por acoso: dos por acoso sexual y uno por acoso laboral.
Aún quedan por resolver tres casos de acoso y hostigamiento laboral, entre ellos el de Kaheli, una mujer transgénero despedida de la administración capitalina en 2020 y cuya carpeta en la Contraloría se “reabrió” para incluir la información que aportó la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos (PRODHEG) al gobierno municipal.
Además de estos 3 casos, se resolvió uno relacionado a una diferencia entre presupuesto y construcción de la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato. Todas las carpetas de acoso laboral y sexual se abrieron entre 2021 y 2022.
El Contralor municipal, Pedro Pablo Cardona, informó que los 3 casos de acoso aún tienen que pasar por la unidad investigadora; si hay indicios pasa al área sustanciadora —cuando se contacta al presunto responsable para brindar una garantía de audiencia — y por último, la resolutoria. En ésta se conocerá si hay implicaciones para los servidores públicos, que aún pueden impugnar.
“Acoso laboral” no está en la Ley
Por otro lado, Cardona informó que los casos de presunto acoso laboral y sexual que ocurren en la administración municipal no se sancionan por esta causa, sino por una omisión a la primera fracción del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que es por incumplir:
“las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño, disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley”.
Cuestionado si es necesario que se legisle para que existan sanciones específicas para acoso laboral o sexual, señaló que ya ha habido un caso sancionado en León basándose en este artículo y fracción por acoso, por lo que no quedan impunes.
Las sanciones pueden ir entre una amonestación económica, una suspensión o hasta un despido.
