* Con información de Alfonsina Ávila y Laura Villafaña
León, Salamanca Gto. El contralor de Salamanca, Miguel Enrique Cordero Saucedo, afirmó que el gobierno municipal de Salamanca, encabezado por Beatriz Hernández Cruz, ya ha acumulado entre 80 a 100 millones de pesos en contratos entregados por la vía de la asignación directa, con presuntas irregularidades en su proceso.
En esas asignaciones se debió requerir el proceso licitatorio correspondiente, o bien, el proceso de decisión a través del Comité de Adquisiciones.
“Yo sí me he pronunciado al respecto. En algún momento se lo hice del conocimiento a la alcaldesa, que eso estaba mal. Era mi de manera preventiva, yo le recomendaba que el Comité de Adquisiciones debía sesionar, y que los actos se presentarán debidamente ante el Comité de Adquisiciones para lo cual, pues yo nada más recibía respuesta de que lo iban a ver en la reunión, si vamos a solucionar, (…) yo llego a la conclusión de que no hay realmente voluntad de resolverlo”.
El funcionario municipal indicó esto antes de llevarse a cabo la sesión de Ayuntamiento este viernes en la que el síndico, José Luis Montoya Vargas, presentaría a consideración del Cabildo la destitución del contralor por presuntas irregularidades detectadas por personal colocado en Contraloría por la misma administración central.
“Ellos están investigando a ver qué errores se han cometido en la Contraloría, para que puedan ser expuestos en sesión de Ayuntamiento, de los cuales ha dado cuenta el síndico en dos sesiones de Ayuntamiento. Los errores que él ha manifestado a la opinión pública”.
El contralor afirmó que todo es parte de la persecución que la administración municipal emprendió, a través de diferentes direcciones en su contra, a partir de las investigaciones que ha realizado con motivo de las denuncias por diversas anomalías en la contratación de servicios, como el arrendamiento de la camioneta blindada, la maquinaria del relleno sanitario, del servicio de seguridad privada y, el más conocido de todos, el contrato para la adquisición de las luminarias, para la renovación del alumbrado público.
“Me refiero a los procedimientos, a las políticas de las formas de trabajo. Esta tiene muchas deficiencias, tiene muchos riesgos, permite amplia discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y pues todo eso son potenciales actos de corrupción, no estoy afirmando que en este momento existen, pero el riesgo está presente”.
Expuso que se han cometido diversas irregularidades que él mismo ha denunciado formalmente. Está el atentado armado en el vehículo que le fue asignado, mismo que fue baleado, el abuso de autoridad al sustraer expedientes de su oficina, así como la violación a la autonomía de la Contraloría, con la remoción y contratación de personal sin tomarlo en cuenta.
“Ahorita el único respaldo que tengo es lo que el marco legal, me da cierta protección, un marco legal que protege al contralor. Todavía adolece de protecciones y de garantías para la independencia y autonomía técnica y de gestión”, concluyó.
Advirtió que de abuso de autoridad se convierten en cómplices, de los otros actos que hayan sido denunciados dentro de la administración, “ahora sí que ellos ya quedarán en absoluta libertad de decidir”.
Pruebas de acusaciones definirían permanencia o destitución de contralor
Tanto el contralor, como indiciado, como el Síndico, José Luis Montoya Vargas, como la parte acusadora deberán investigar y presentar pruebas de sus dichos para definir si es o no procedente la propuesta de remoción del fiscalizador local salmantino, presentada por el síndico.
Este viernes en sesión privada -que duró siete minutos- trascendió que la alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz propondría la destitución del contralor Municipal Miguel Cordero Saucedo.
No obstante, aparentemente dentro de cabildo, la propuesta ni siquiera llegó a ser votada por los regidores.
Los ediles se reservaron alguna declaración de lo que se trató dentro de la sesión privada.
Sin embargo, se esperaría los resultados de una investigación, pues mientras que el contralor denunció abuso de poder y desaparición de documentos relacionados con investigaciones , el síndico asegura haber presentado lo propio por no cumplir con el trabajo administrativo.
La fracción de Acción Nacional se pronunció por una administración transparente sin, procesos a violentar pues se debe fortalecer la autonomía de una Contraloría, sea quien sea el titular.
