Guanajuato, Gto. Al señalar que es poco objetiva y ambigua, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) exhibieron las fallas de una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato que presentó el Legislador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo.
La propuesta de Prieto Gallardo pretende incluir la figura de prevaricación jurisdiccional para inhabilitar de manera permanente a jueces, magistrados y servidores públicos que cometan faltas administrativas graves al incurrir en irregularidades en sus resoluciones.
En mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Julio César Rodríguez Fonseca, integrante del CPC, dijo que la iniciativa carecía de información y exposición de motivos para explicar de mejor manera la intención de la reforma propuesta.
“Son muy ambiguos y subjetivos los términos en la propuesta y no corresponden a una técnica legislativa, como ‘resolución injusta’, ‘determinadas garantías procesales específicamente tipificadas’, ´sentencia definitiva lícita’, todos estos términos son ambiguos y subjetivos y no están soportados en la propia exposición de motivos”.
El integrante del CPC expuso que la inhabitación permanente de un juez, magistrado u otro servidor público que dicte una resolución, podría violar derechos humanos en caso de que no se tome en cuenta las circunstancias del hecho o de la ejecución de la falta.
“La propuesta puede considerar violatoria de derechos humanos al señalar de forma absoluta la inhabilitación permanente sin tomar en cuenta la ejecución de penas de la falta, la gravedad del hecho y las peculiaridades del actor para obtener el grado de responsabilidad, y con este imponer las sanciones respectivas de forma prudente, discrecional y razonable”.
Expuso que en el caso del Poder Judicial del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa, ya se contemplan responsabilidades administrativas a sus servidores que realicen un actuar ilícito en sus resoluciones.
“En conclusión la propuesta de adición carece de fondo, manifestando circunstancias que se consideran están contempladas en diversos dispositivos orgánicos de los tribunales jurisdiccionales, además de que no incluye un real análisis de valoración social de los posibles resultados para el combate a la corrupción y a la impunidad”.
