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jueves, marzo 28, 2024

Crisis de desapariciones afecta a niños, niñas y adolescentes: especialista

León, Gto. En el estado de Guanajuato existe una crisis institucional de derechos humanos, porque las autoridades no tienen ni la capacidad, ni el carácter político de proteger la vida, la integridad y desarrollo de los ciudadanos, especialmente de los menores de edad.

Así lo dijo Juan Martín Pérez García, coordinador Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien dijo que el ejemplo más claro que en México existen más 79 mil 270 personas desaparecidas hasta el mes de octubre del 2021, de las cuales 15 mil son niñas, niños y adolescentes.

Además que la crisis institucional existe porque las autoridades mexicanas no tienen el presupuesto, ni el personal suficiente para enfrentar esta epidemia de desapariciones.

“El estado de Guanajuato en particular está en un contexto de guerra, como todo el país. México está completo en guerra, pero Guanajuato se encuentra en un escenario de mayor armada”, dijo.

En días pasados colectivos de búsqueda en el estado de Guanajuato criticaron que las Alertas del protocolo Amber que han sido desactivadas en la entidad, ni se establecen las condiciones en que se localizaron a los menores, si es con o sin vida.

Ante esta crítica se cuestionó al fiscal del estado Carlos Zamarripa quien afirmó que no tenía información de alertas que hayan sido desactivadas fuera de los protocolos establecidos en la ley y que además las alertas están publicadas en el sitio web de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde se puede verificar el cumplimiento de cada una de las alertas activadas o desactivadas.

El coordinador añadió que esta crisis que existe y la epidemia de desapariciones no podría ser posible sin la participación activa de funcionarios(as) corruptas, porque no es un secreto que las autoridades mexicanas no tienen ni el personal y tampoco el presupuesto suficiente para poder afrontar esta crisis y buscar a las personas desaparecidas, principalmente niñas, niños y adolescentes.

Juan Martín comentó que se buscan fundamentalmente los casos mediáticos o aquellos en donde hay organizaciones sociales o colectivos de familiares de búsqueda.

En caso de que no tenga estos tres factores el interés de la búsqueda se pierde y se rompen los procedimientos administrativos que son de sentido común, como dar de baja registros que siguen vigentes, no actualizar los datos de una forma transparente, y que no permite a la auditoría acceder a los datos.

“Lo más importante de esto es que las personas tienen derecho a ser buscadas y esto lamentablemente ya no se esta haciendo”, externó.

Alertas Amber se desactivan conforme a Ley, defiende Carlos Zamarripa

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