León, Gto. Hace cuatro meses que el Congreso Local de Guanajuato decidió una vez más rechazar definitivamente las iniciativas para legalizar la interrupción del embarazo, sin embargo, miles de mujeres entienden que esto ya no está a discusión de una autoridad, que lo seguirán exigiendo y que el Estado tarde o temprano lo tendrá que garantizar.
El calendario marca otro 28 de septiembre considerado el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Las Libres reconocen un antes y un después en el estado, que pasó de querer encarcelar a las mujeres, a hacer válida la norma 046, que garantiza el aborto en caso de violación en hospitales públicos.
Verónica Cruz, directora de la organización recuerda el primer gran “escándalo” en el que la autoridad puso sobre la mesa: El Aborto.
“Querían hacer el laboratorio para el país, cuando un panista además guanajatense (Vicente Fox) llegaba a la Presidencia, pensaron que podía hacer cosas como éstas; el Congreso en el 2000 elimina del Código Penal la causal de violación, única razón legal por la que Guanajuato tiene permitido un aborto, es decir todas las mujeres víctimas de violación tienen derecho a un aborto legal (…) Su ley decía eso: que las mujeres víctimas de violación iban a ir a la carcel si intentaban hacerse un aborto”, recuerda Verónica.
Una serie de manifestaciones por el Movimiento Amplio de Mujeres (MAM) que atrajeron medios de comunicaciones internacionales, orillaron a que el gobernador interino, Ramón Martín Huerta vetara la reforma a la ley.
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Guanajuato ha sido foco en escándalos que giran alrededor del aborto, no solo por negar el derecho al aborto en caso de violación, sino porque además las mujeres son víctimas jurídicas.
Yolanda Martínez Montoya, Susana Dueñas, María Araceli Camargo Juárez y Ana Rosa Padrón Alarcón fueron sentenciadas por el delito de ‘homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación’, que quedaron asentados en el 2006, dentro del informe realizado por Human Rigths Watch y Las Libres.
Y mientras se daban estas luchas, se fueron conformando redes con ginécologos privados que comenzaron a acompañar abortos.
“Las pocas mujeres que iban y denunciaban y decían – quiero que me hagan un aborto-, (autoridades) hacían todo por no hacerlo, las hacían ir diario, pasaban doce semanas y les decían -ya no puedo-. Nos dimos cuenta que aunque los 33 códigos penales tenían la causal violación, las mujeres no accedían a los servicios, y en 2009 termina siendo la norma 046 donde todas las mujeres basta con que digan -fui víctima de violación- ya no es requisito poner una denuncia”, recalca Cruz
Solo el 10 por ciento de las mujeres denuncia una violación, pocas quedan embarazadas y pocas solicitan el aborto, aún la mayoría no sabe que tiene un derecho.
La activista señala la importancia de que las mujeres que sean víctimas sepan que pueden acudir a cualquier hospital incluso sin denunciar para que les practiquen de forma legal un aborto.
Las menores de 10 a 12 años requieren un tutor y de 12 en adelante basta con el dicho de las niñas, pero siendo menores los servicios de salud deben dar parte a las autoridades.
“Guanajuato contrario a lo que se piensa está garantizando el aborto legal en caso de violación”, asegura Verónica.
La deuda a nivel nacional es que exista una campaña para que las mujeres conozcan la norma 046 y un campaña interna para que los médicos la reconozcan como obligación.
Cada avance es una lucha, aunque Guanajuato sea el último en legalizarlo
La Secretaría de Salud Federal señala que entre abril del 2007 y hasta julio de 2020 en todo México 227 mil 686 mujeres han decidido interrumpir su embarazo. Pero las estimaciones internacionales señalan que en el país suceden entre 500 mil y un millón de abortos al año.
Lo que respecta a Guanajuato en esos 13 años, 479 mujeres accedieron a ese derecho en clínicas en Ciudad de México. Veintitrés este último año.
“Sabemos que podemos ser de los estados que más nos tardamos en que se legalice, entendimos que teníamos que trabajar con la población. Tenemos que eliminar este estigma social alrededor del aborto; aunque sea legal o se despenalice, si la sociedad no piensa que las mujeres están ejerciendo un derechos, al contrario piensan que es un delito y repite lo que la iglesia le ha colocado a la población, queríamos que la población deje de juzgar y acompañe la decisión de las mujeres”, recalca Verónica, que coloca a Guanajuato con avances desde su sociedad.
La historia con las autoridades es otra, el pasado 28 de mayo la mayoría panista decidió imponerse y rechazar la despenalización del aborto.
“Qué han cambiado, tres cosas: las y los legisladores saben que están imponiendo su ideología pero esto no está obligando a las mujeres a no abortar, al contrario sin darse cuenta están haciendo que se despenalice. El aborto es el tema en que menos el Estado se debe meter, es la decisión más íntima y personal de las mujeres”.
Otro de los cambios es que se ha obligado a que el Estado garantice los servicios a víctimas de violación, y que la sociedad hable, que las mujeres jóvenes se desborden en las calles y exijan su derecho.
“Los estados, tarde o temprano, lo van a tener que garantizar…”
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