Guanajuato. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y a pesar de que se han tenido avances, todavía hay mucho camino por recorrer para que las mujeres estén seguras y vivan una vida libre de violencia.
En este sentido, las reporteras que integran Zona Franca realizaron el siguiente contenido, donde se reflexionan las deudas que tienen tanto los gobiernos, como la sociedad, en los diferentes ámbitos de la vida de las mujeres, donde todavía hay un largo camino por recorrer y luchar.
Feminicidios en Guanajuato: casi una década con datos incongruentes
*Por Alfonsina Ávila
Los asesinatos de mujeres tipificados como homicidios dolosos se han incrementado en un 700 por ciento a partir de 2013 en la entidad; sin embargo, aquellos que han sido encarpetados como feminicidio mantienen un saldo marginal que no ha superado los 36 casos registrados en 2015.
Así lo revelan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportados por la Fiscalía General del Estado y documentados por la organización Las Libres.
La directora de la organización, Verónica Cruz Sánchez, explicó que fue a partir de 2011 cuando la mayoría de los estados tipifican el feminicidio; así fue en Guanajuato.
Señaló que una parte del feminismo ha criticado el aumentar las penas, no solo en el tipo penal de feminicidio, pues no es una solución.
Comentó que en el 2010 había una sola voz diciendo que para acabar con los feminicidios, hay que modificar el Código Penal, luego se dijo que se tenía que aumentar la pena. Pero ahora, una parte de las feministas cuestionan actualmente ¿Para qué sirvió tipificar el feminicidio?
Los datos reflejan esa disparidad. En 2012, en Guanajuato la FGE consignó tres casos como feminicidio con esa primera tipificación, por 58 casos procesados como homicidios dolosos de mujeres.
Para el 2013, se contabilizaron 17 asesinatos de mujeres como feminicidio por 56 como homicidio y se hizo la exigencia de emitir una Alerta de Género para la entidad, que motivó una ampliación a la tipificación del feminicidio.
Para los siguientes dos años del historial, la tendencia fue muy parecida con 21 y 36 feminicidios por 46 y 48 homicidios, respectivamente.
La diferencia entre la tipificación de los casos comenzó a engrosar en 2016, año en el que la diferencia sumó más del doble, al reportar 30 casos de feminicidio por 72 como homicidio; para 2017, de 21 feminicidios fueron 83 casos encarpetados como homicidio doloso.
A partir de 2018, entre los feminicidios y los homicidios dolosos de mujeres no ha habido comparación. Ese año, por cada caso consignado como feminicidio, nueve eran ingresados como homicidio doloso; para 2019, esa cifra creció a 18 veces y en 2020 a 22 homicidios por cada feminicidio.
“Del 2000 al 2011 todavía había pocos casos, y hay una disparidad ahora con los registrados en el 2021. Ha subido exponencialmente y esto que decíamos antes eran asesinatos en el ámbito íntimo de violencia familiar y doméstica; ahora son mayoritariamente en la calle”.
No obstante la disparidad de los números, Verónica Cruz resaltó que con las solicitudes de Alerta de Género se logró que en el imaginario social, se sintiera y pensará que el asesinar a una mujer era grave y más si era de su confianza y con una relación íntima.
“En términos penales y de que esto acabe con la impunidad y de que esto acabe y dejen de matarlas y que es el fin último la erradicación no, va muy lento el proceso (…) En el imaginario social está el tema que la Alerta de Género resolvería los feminicidios y vimos que no. Prácticamente todo el país está con alerta de género y ha sido puro dinero tirado a la basura”.
Expuso que las alertas se han usado por los estados para que las fiscalías “hagan su protocolitis”. Se hace un protocolo del protocolo y terminan ganando los mismos amigos consultores de Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres).
La activista dijo que sirve en los primeros seis meses, pero ahora ya todos piden alerta y se ve como un sello distintivo y por el dinero. El problema son las acciones de emergencia.
Hasta el momento, el Estado de México y Zacatecas llevan varios años con Alerta de Género, pero no tenerla es lo mismo, pues no se tiene evaluación ni monitoreo. Y los asesinatos y agresiones a mujeres van a la alza.
Buscadoras que arriesgan la vida para encontrar
*Por Laura Villafaña
La lucha para las buscadoras es y seguirá siendo hallar a personas desaparecidas que la violencia les arrebató. Son mujeres que actualmente integran más de 20 colectivos en Guanajuato; la gran mayoría madres, hijas, hermanas, quienes a diario arriesgan su vida para encontrar a los suyos.
Durante los últimos años, salir a buscar a sus familiares les costó la vida a cuatro buscadoras, de las cuales el caso más reciente ocurrió el 15 de enero de este año, cuando después de asesinar a su esposo e hijo, privaron de la libertad a Lorenza Cano Flores, quien buscaba a su hermano José desde el 2018 y se integró al colectivo ‘Salamanca unido, buscando desaparecidos’.
Si bien, la seguridad y protección de las buscadoras es una deuda pendiente, a esta cuenta habría que sumar la demanda más sentida de este grupo de mujeres: que sus familiares no han sido localizados, con o sin vida.
“La deuda que sigue pendiente con las mujeres buscadoras en Guanajuato es encontrar a nuestros hijos, que es por lo que estamos luchando día a día”, consideró la buscadora Norma Patricia Barrón Núñez.
Ella lo sabe, porque mientras cursaba su segunda maestría en derecho y vivía con sus tres hijos, su vida cambió el 1 de junio del 2019 cuando el más pequeño, Kevin Damián Martínez Barrón, y a su pareja, Juan Rodríguez Calcanas, fueron víctimas de secuestro; y aunque pagó el rescate y algunos de los responsables están presos, todavía no conoce de su paradero.
“Nos levantamos llorando, preguntándonos dónde están nuestros hijos, y levantándonos de la cama con la esperanza de encontrarlos; cuando pasó lo del secuestro de mi hijo y mi pareja, primero me aniquilaron económicamente, me dejaron sin nada, sin dinero, que eso no me importó porque luché porque me regresarán a mis familiares, me aniquilaron moral y psicológicamente porque no los regresaron, me matan día a día por no saber de ellos, las amenazas, cambió todo el panorama”, sostuvo.
Actualmente, Barrón Núñez es mamá dos jóvenes profesionistas, es hija y hermana pero además es una mujer buscadora y a lo largo de cinco años se enfocó en investigar dónde están su hijo y pareja, lo que también repercutió en su vida.
Lo anterior, luego de que en los últimos tres años se activó el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos para ella, un protocolo que realmente no le garantizó su seguridad ante situaciones amenazantes y atentados que enfrentó.
Sin embargo, desde hace un año, ante una petición que hizo ante un Juez, mantienen protección de elementos de la Guardia Nacional, pues dos de los implicados en el secuestro de su hijo, estarían bajo resguardo domiciliario, ya que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación le volvieron fallar al transcurrir dos años, sin que los implicados hayan recibido una sentencia.
“Le pido al Juez que me dé seguridad, y es cuando me otorgan la escolta por Guardia Nacional, y no por el mecanismo como defensora de Derechos Humanos”, expuso.
Desde el 2020, la activista conformó el colectivo ‘Una luz en mi camino’ y encabezó las primeras búsquedas independientes, labor que todavía realiza junto a las familias del grupo de víctimas al considerar que la Comisión Estatal de Búsqueda es omisa en su trabajo.
“Agarramos nuestras palas, picos, material, sin comer, a veces sin tomar agua pero vamos a buscar”, dijo.
En el colectivo es representante, abogada, asesora jurídica, y compañera; y se niega asumir el rol de víctima, ya que insistió que las buscadoras también deben exigir sus derechos por las personas de bien que les arrebataron.
“El día a día es recordar cómo empezamos este camino, un camino muy pesado, y a las familias tratamos de darles valor y fuerza para que no dejen de buscar a sus hijos, pasa el tiempo y pierden las esperanzas, y tenemos que reanimar, si nosotros no exigimos a nuestros hijos, hermanos, tíos, nadie lo va a buscar y eso lo tengo claro, porque le di voto de confianza a las autoridades y llevo cinco años sin saber nada de mi hijo, si bien es cierto, hay gente detenida, no buscaba eso, buscaba a mi hijo, mi esposo, mi tranquilidad y pasa el tiempo”, detalló.
Recientemente, Norma Patricia creó la Fundación ‘KBM’ Juntos hasta encontrarte’, que integran familias de 90 personas desaparecidas y víctimas de homicidio, donde se gestionan los apoyos alimentarios, de salud, psicológicos, entre otros; como asesora jurídica, ha llevado procesos para llevar ante la justicia a los responsables de la desaparición de al menos dos menores desaparecidos; ha planteado iniciativas, y trabaja en investigación.
Aseguró que han llegado a perdonar a la autoridad que sus hijos no regresen vivos, a pesar de que violaron sus derechos a ser buscados, pues localizarlos sin vida, devuelve paz a la familia ante la desintegración que enfrentan las mujeres, víctimas indirectas de desaparición.
“En todo lo que es el ámbito de una persona buscadora, se queda sola, por miedo a represalias a su familia, sin amistades porque la revictimizan piensan que anda mal, se queda sin el apoyo gubernamental por levantar la voz la asumen como una mujer problemática, cuando no debería ser así, es solo una mujer que exige sus derechos y el de sus hijos y sus familiares desaparecidos”, dijo.
Para la buscadora el dolor emocional, psicológico, moral y físico aumenta y se convierte en fuerza para no solo buscar a los suyos sino a otras personas que corrieron con la misma suerte.
“Nos enfrentamos al crimen organizado, al hecho de salir y no regresar, que nos amenacen y repercutan en nuestros familiares, lo que vivimos como buscadoras es un infierno desde aquí, a veces te sientes un delincuente, mientras ellos siguen afuera y las autoridades siguen sin escuchar, hay impunidad, inseguridad, hemos bajado a un mundo, donde todavía nos asombramos ante la criminalidad”, agregó.
Como mujer buscadora, anhela encontrar a su hijo y mientras eso ocurre, señaló que su lucha va más allá, ya que quiere recuperar el Irapuato donde la gente caminaba con tranquilidad, los hijos e hijas jugaban en la calle, lejos de la violenta realidad que hoy se vive.
Vacío en visibilidad para mujeres LBT desde leyes y social
*Por Vania Jaramillo
Las mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans en Guanajuato siguen en este vacío de visibilidad al no existir reglamentaciones que las contemplen y, por ende, no pueden acceder a derechos básicos.
Por un lado, está la ausencia de trabajo a favor de esta población desde los gobiernos, pero también la sociedad ha mantenido la discriminación que se vuelve doble.
“Sigue habiendo dobles discriminaciones no solo por ser mujeres sino basada en estigmas y prejuicios, viene misoginia clara y hay conductas lesbofobia y bifobia, transfobia, socialmente pasa por un tema de visibilidad”, expresó Nayeli Tello, activista en pro de mujeres de disidencia sexual.
En Guanajuato, el 3.6% de su población pertenece a la comunidad LGBTIQ, es decir 227 mil 957 personas se identificaron como parte de la diversidad sexual en la primera encuesta realizada en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Tiene que haber mucha mayor visibilidad social y política, a que estén contenidas en la ley de manera clara y expresa y no nombrarlas en la ley significa ser una omisión deliberada, y eso contribuye no solo a la discriminación mediante no reconocimiento, sino también al hecho de que no haya políticas públicas para atender nuestras necesidades”, insistió Tello.
Recientemente, el Congreso Local aprobó la Ley de Diversidad Sexual tras cuatro años de intentarlo por diferentes partidos políticos; sin embargo, aún quedan pendientes por legislar, así como identificar y castigar la violencia por prejuicio y se mencione a mujeres con disidencias sexuales.
Uno de los espacios que las mujeres trans han encontrado son las redes sociales, además del activismo, mismo que desde su perspectiva ha ido creciendo de forma más libre.
Todas las personas tenemos creencias falsas del aborto
*Por Fernanda Bataller
Desde la Red de Acompañantes de León, posiblemente la red de acompañamiento de abortos más importante del estado de Guanajuato, han reconocido que una de las necesidades más importantes para su trabajo, es erradicar los mitos sobre el aborto.
Esto parte desde aceptar que todas las personas tenemos creencias falsas al respecto y también, que la desinformación puede ser peligrosa: tanto para las mujeres con interés en abortar, como para las mismas acompañantes del proceso y hasta para el sector médico.
“Para el 28 de septiembre nos sentamos y dijimos: ¿Qué es lo que necesitamos como acompañantas? No es que se divulgue cuál es la dosis que necesitas de misoprostol, o cómo puedes hacer tú sola el aborto, porque eso ya está allá afuera… Y lo que pasa, es que nos llegan casos de compañeras con abortos incompletos, que practicaron un aborto con una dosis incorrecta y ya tienen una infección porque no hubo una expulsión completa. Lo que nos toca, es terminar estas malas prácticas que desafortunadamente la facilidad del internet nos ha, con buenas intenciones, ayudado a difundir”, explicó María Alcántara, integrante de la Red.
Muchos de estos mitos y desinformación son causados por el estigma que aún persiste en la entidad. Y es que Guanajuato sigue tendiendo el segundo Código Penal con más restricciones respecto al aborto, señala Naye Tello, también acompañante.
Uno de estos mitos, por ejemplo, es que el aborto con medicamentos y realizado en casa a través del acompañamiento, es peligroso «¿En qué momento voy al hospital?» dicen las acompañadas.
“El acompañamiento con misoprostol ya sigue un protocolo que está muy estudiado y muy solidificado por la Asociación Mundial de la Salud y es el procedimiento que recomiendan en general. Y más en particular en los países y en los lugares en donde el aborto no está despenalizado y no está legalizado. Hay todo un manual. A la Red la respaldan muchos años de formación, también de formación de otros agentes como María de Ayuda a Abortar, Marie Stopes”.
“Una cosa muy curiosa que nos ha pasado a la Red de Acompañantes, cada vez más frecuente, es que muchas mujeres llegan referidas de ginecólogos y ginecólogas. (…) Ellos les dicen así: no sé, ve con la Red de Acompañantes, porque a las médicas y a los médicos, no les enseñan a hacer abortos. Les enseñan a legrar, pero legrar a las mujeres no es igual a hacer abortos”, agrega Naye.
Otro mito, por ejemplo, es que para abortar, hay que ir a Ciudad de México.
“Muchas compañeras pensamos que como estamos en las periferias, que realizar un aborto tenemos que ir a la Ciudad de México donde ya está legalizado. La cosa con la Ciudad de México, es que si no eres de ahí, son caros. Primero porque tienes que ir (el traslado), pero aparte, las Clínicas o estos espacios, se dieron cuenta que hay un negocio en el aborto”.
Las mujeres se han apoderado de las calles
*Por Jessica de la Cruz
Las mujeres en León han encontrado en la bicicleta una herramienta para encontrar otras formas de vivir en la ciudad tan hostil a la que se enfrentan todos los días.
En los últimos siete años, las mujeres se han apoderado de las calles de diferentes maneras, principalmente para movilizarse. Entre los vehículos sin motor, los más utilizados han sido las bicicletas, ya que es una herramienta de libertad e independencia.
Frida Reyes, activista, fundadora y coordinadora operativa de Bici escuela, señaló que desde hace 10 años que comenzó a rodar en bicicleta, eran pocas las mujeres que se encontraba en su trayecto. Hoy, en la calle hay una presencia más alta de mujeres para movilizarse en sus distintas actividades.
Sin embargo, hay dos factores principales a los que se deben, uno de ellos está relacionado a la precarización de salarios y aumento al transporte público.
“Son dos cosas que podrían sonar hasta cierto punto negativas pero, en realidad benefician un montón para el movimiento de las formas distintas de moverse o desplazarse por la ciudad”, dijo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 12.3 por ciento de la población en Guanajuato se traslada en bicicleta al trabajo.
Desde su experiencia, trabajo y colaboración, Frida Reyes aseguró que tanto el estado como la sociedad, ha quedado a deberles a las mujeres, infancias y adolescencias al tener una mala e incluso nula infraestructura, porque los diseños de las calles no contemplan a este sector de la población.
Y esto se ve reflejado desde la falta de iluminación, las banquetas no son suficientemente anchas, carencia de rampas, entornos o espacios donde se puedan sentir seguras y los acosos callejeros, así como los robos, son algunas de las carencias que persisten para ellas.
Pese a ello y las carencias que existen, persisten las mujeres que son libres e independientes en estos medios de transporte alternativos.
