Guanajuato, Gto. Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres por interrumpir su embarazo en septiembre de 2021, en Guanajuato se han violentado los derechos de al menos 47 mujeres al haberse abierto carpetas de investigación en su contra por el delito de aborto.
En septiembre de 2021, mediante la acción de inconstitucionalidad 148/2017, la SCJN determinó que el Código Penal de Coahuila era contrario al orden constitucional en la medida en que criminalizaba de forma absoluta el aborto, donde se asentó uno de los antecedentes más sólidos de inconstitucionalidad por criminalizar a las mujeres por decidir sobre su cuerpo.
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A lo anterior se suma que el 18 de octubre de este año, la Primera Sala de la SCJN aprobó el proyecto de sentencia de un amparo en revisión promovido por una persona que reside en Chihuahua, con acompañamiento de AbortistasMX y Marea Verde Chihuahua, sobre la constitucionalidad de la regulación del aborto en el Código Penal local.
De acuerdo con las legislaciones locales, en 30 entidades del país el aborto no es penalizado si el embarazo es resultados de actos imprudenciales o culposos, salvo en la legislación local de Tabasco y Nuevo León.
El aborto tampoco es penalizado cuando la vida de la mujer corre peligro en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas .
Además Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán es cuando existen malformaciones graves del producto.
Cuando la salud ya sea física y psicológica de la mujer está en riesgo o se ve afectada por el embarazo, los estados de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas Tlaxcala y Zacatecas también autorizan la interrupción del embarazo.
En los estados de Michoacán y Yucatán al aborto es autorizado también cuando existen causas económicas graves, es decir, que los progenitores no puedan hacerse cargo de la manutención del producto.
En los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz cuando existe inseminación artificial no consentida.
Únicamente en 12 entidades, el Código Penal local permite a las mujeres solicitar la interrupción legal del embarazo sin importar las causas hasta las 12 semanas de gestación.
Dichas entidades son Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes.
En el caso de Guanajuato, únicamente el aborto no es penalizado cuando la vida de la madre corre riesgo, en los demás supuestos no se ha legislado para despenalizar la interrupción del embarazo.
Casos de abortos en Guanajuato
En 2021, con base a datos del Secretariado Ejecutivo del SIstema Nacional de Seguridad Pública, de septiembre a diciembre, fueron aperturadas cuatro carpetas de investigacion por el “delito de aborto”, dos en Villagrán, una en Celaya y la cuarta en Pénjamo.
De enero a diciembre de 2022 se aperturaron en total 24 carpetas de investigación por estos motivos, Cuatro en Celaya, tres en Dolores Hidalgo, tres en Silao, León, Irapuato y Salamanca reportaron dos cada municipio, mientras que en Juventno Rosas, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Guanajuato, Comonfort, Apaseo el Grande, Acámbaro y San Miguel de Allende, igualaron cifras con una carpeta de investigación cada uno.
Con corte al mes de octubre, en 2023 han sido 15 las carpetas de investigación aperturadas por la interrupción del embarazo, siete de ellas en Celaya y cuatro en Irapuato, en San Miguel de Allende, Apaseo el Grande, Acámbaro y Comonfort se registró una carpeta de investigación por cada municipio.
Oposición critica que persista criminalización
Para la presidenta de la Comisión de Salud Pública del Congreso local, la morenista Irma Leticia González Sánchez, expresó que el simple hecho de abrir una carpeta de investigación por este motivo, se criminaliza a las mujeres pese al mensaje que manifiestan las autoridades de que se les brindan las herramientas a las mujeres que optan por interrumpir su embarazo.
La legisladora mencionó que desde la parte ejecutiva y las áreas investigadoras, lo mejor es que dejen de criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo.
“Realmente las siguen señalando y las siguen criminalizando y las siguen revictiminzando, así que estamos en un gobierno donde dicen una cosa y hacen otra”.
Agregó que la despenalización del aborto se ve lejana si no se logra un equilibrio en el Congreso local, cuya mayoría actualmente es ocupada por el grupo parlamentario del PAN.
Por su parte, Dessiré Ángel Rocha, diputada de Movimiento Ciudadano, coincidió en que el hecho de que se abran las carpetas de investigación, demuestra que hay personas que todavía no entienden que criminalizar a las mujeres por abortar, ya es inconstitucional.
Argumentó que esto representa un gasto para las mujeres, pues deberán ahora buscar un amparo para hacer efectiva la inconstitucionalidad por el hecho de hacer valer su derecho de decidir sobre su cuerpo.
“Guanajuato no ha entendido este avance en los derechos sustantivos de las mujeres y que, pues es una exigencia de que este tipo de acciones se deje de hacer, porque al final del día es una exigencia que se va a caer, entonces de nuevo, cuál es la necesidad de hacer gastar a las mujeres o de poner a trabajar a abogados y abogadas en la defensoría pública para un tema que no va a tener ya ningún efecto jurídico”.
La legisladora criticó que la comisión de Justicia, presidida por la panista Cristina Márquez Alcalá, se mantenga hermética a dar trámite legislativo a las iniciativas en este sentido de manera científica con expertos en la materia .
Agregó que este freno en la comisión de Justicia demuestra que desde el Congreso local, donde se tiene que dar el paso para el reconocimiento pleno a los derechos de las mujeres, se tiene una deuda con las guanajuatenses.
