Guanjuato. Al menos una periodista y un colectivo de familias de personas desaparecidas, han solicitado apoyo por desplazamiento forzado en Guanajuato.
Por ello, la Plataforma por la Paz y la Justicia urgió a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas y la Procuraduría de los Derechos Humanos realicen un diagnóstico.
Mediante una postura escrita, los defensores de derechos humanos representados en esta plataforma, alertaron sobre este fenómeno producto de la violencia y de las amenazas de la delincuencia organizada o incluso, de grupos afines alojados en los propios municipios.
“Ello ha sido señalado por la ONU que en 1998 aprobó los Principios Rectores para orientar su acción en la materia”, señalaron.
Indicaron que el primer caso documentado fue el de una periodista leonesa que tuvo que abandonar el estado en 2019 producto de la amenaza directa de un grupo delincuencial que la intimidó a ella y a su familia.
“Han pasado más de dos años y el propio Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos ha reducido su acción en el caso”.
Relataron que hombres armados se presentaron en su domicilio e indagaron sobre su vida y la de su familia. “Dígale que se cuide”, “regresaremos por ella”, amenazaron.
Por lo anterior, se convirtió en la primera periodista desplazada de Guanajuato, perdiendo trabajo, vivienda y gran parte de su patrimonio. El caso permanece en la impunidad y ella continúa desplazada.
Resaltaron que desde 2018, las víctimas más visibles, con mayor organización y capacidad de incidencia han sido las familias de personas desaparecidas, que han confrontado no sólo a autoridades sino también a los grupos delincuenciales, por lo que han estado expuestas también a la violencia extrema como la que se vive en Guanajuato.
“Además de los asesinatos de Rosario Zavala en octubre de 2020 y de Francisco Javier Barajas en mayo de 2021, dos personas buscadoras, se han documentado al menos media docena de amenazas contra personas víctimas indirectas de la desaparición, en actos que se presume, están directamente vinculados con su trabajo de búsqueda”, recordaron.
Expusieron que estos desplazamientos han sido tanto en municipios del sur como en el corredor industrial, lo que ubica la geografía del desplazamiento no sólo en un punto específico y localizado, sino en lo ancho y largo de Guanajuato.
“Así se han documentado al menos tres casos de solicitud de reubicación o extracción de su lugar de origen (domicilio o municipio) a otro lugar, consideradas inicialmente como medidas temporales, pero como en el caso de la periodista mencionada líneas arriba, no estamos seguros de que esto sea posible”.
Consideraron altamente probable que existan un número más amplio de familias desplazadas producto de la violencia sin que haya un registro oficial y sin que se considere la dinámica propia de este fenómeno.
.“Por ello es necesario que tanto las instituciones de seguridad y justicia, así como la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado (PRODHEG) y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) realicen un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado en la entidad federativa y de ser necesario, generen medidas especiales para las familias que se encuentren en esta condición”.
Recordaron que ya entidades federativas como Chihuahua están proponiendo legislaciones específicas sobre desplazamiento forzado interno y exigen programas de política pública que reconozcan la responsabilidad estatal en la materia.
“El Gobierno Estatal debe comenzar a documentar los efectos de la violencia en la que se encuentra Guanajuato, especialmente debe establecer de manera urgente medidas especiales de protección a las víctimas del desplazamiento forzado”, concluyeron.
