Guanajuato. La discriminación institucional contra los miembros de la comunidad trans que acuden a solicitar su cambio de género, hasta ahora ha sido la constante. En ello radica la importancia del amparo ganado por la organización Amicus, con la que el Congreso de Guanajuato deberá modificar el código civil para que este respete el derecho a la identidad.
Así lo consideró Angie Rodríguez, persona trans en Guanajuato; trabaja en el área administrativa de la organización Amicus, quien relató su historia de diez años en la lucha para que el Estado mexicano reconozca su cambio de género.

El 6 de junio se dio a conocer que el juez primero de distrito, Luis Alfredo Gómez Canchola, ordenó generar mecanismos para que se faciliten los procedimientos para acceder a la identidad de género en Guanajuato, en el siguiente periodo ordinario de sesiones el 25 de septiembre, con los nuevos diputados que conformen el Congreso de Guanajuato.
Por su parte, la vocería del Congreso anunció que se determinó no impugnar la sentencia ganada por la organización Amicus, por lo que se acatará en los términos que señala en sus efectos.
“Me tocó picar piedra desde hace 10 años que no había absolutamente nada. Estuve tocando puertas en mil lugares. En el 2016 me negaron el derecho a la identidad; a través de una demanda de amparo que presenté y me la negaron. Después de un año que estuve llevando a cabo este proceso, me fui a la Ciudad de México para justamente hacer este cambio”, recordó Angie.
La activista expuso que se trató de un largo caminar a las diferentes instituciones para hacer la modificación a los documentos.
“Apenas en el 2022 obtuve ya mi resguardo de acta y ya ahora sí, legal y te digo pero si lo que es en el IMSS tardó aproximadamente dos meses para que me actualizaran mi información (…) También han ido aproximadamente dos meses para que me pudieran dar mi pasaporte que fue también bastante complicado”.
En algunas instituciones enfrentó más discriminación debido a la desinformación, pues hace falta toda esa parte de educación y concientización dentro de estas instituciones públicas.
“Se están presentando estas denuncias porque tampoco no te hacen caso, o sea, desafortunadamente enfrentamos ese tipo de discriminaciones también con este tipo de instituciones donde vas y presentas alguna denuncia y también te ignora”.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), seis de cada 10 personas opinan que los derechos de las personas trans no se respetan en México y dos de cada 10 personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas señalan que se les ha violentado sus derechos humanos.
Por ello, recientemente publicó un llamado a que la lucha por el respeto al derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con identidades sexuales y de género no normativas debe ser también antirracista y antidiscriminatoria.
“En conmemoración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQA+, el Conapred refuerza la importancia de visibilizar y reconocer a las identidades sexuales y de género no normativas que tienen diversas formas de expresarse y rompen con las normas establecidas”.
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 reporta que en México dos de cada 10 hombres mayores de 18 años de edad no están de acuerdo con que se elija para la presidencia de la República a una persona trans.
De igual manera, la Enadis 2022 notifica que tres de cada 10 personas no están dispuestas a rentarle un cuarto de su casa a una persona transgénero, transexual o travesti y tres de cada 10 a una persona homosexual o lesbiana.