Guanajuato, Gto. Integrantes de colectivos de búsqueda denunciaron ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU el incremento de desapariciones, la impunidad en las investigaciones y las agresiones contra buscadoras, quienes han sido amenazadas e incluso asesinadas.
En reuniones separadas, 25 colectivos de búsqueda, organizaciones civiles, así como la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona y el fiscal general del estado Gerardo Vázquez Alatriste, se reunieron con Juan Pablo Albán Alencastro, experto del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. También estuvieron presentes Andrés M. Díaz Fernández y Ludovic Grossenbacher, oficiales de Derechos Humanos del organismo internacional.
Fabrizio Lorusso, académico e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, recordó que en 2021 se realizó una visita formal del Comité de la ONU a Guanajuato, por lo que este nuevo encuentro representa una continuidad en el seguimiento del problema de desapariciones en el estado.
“Las buscadoras expusieron la impunidad en los casos de desaparición, las amenazas que han sufrido y los asesinatos que han golpeado al movimiento”, explicó Lorusso.
Asimismo, se abordaron temas como la crisis forense, el incremento de cuerpos no identificados y las fallas en los registros estatales de personas desaparecidas.
Otro de los temas clave en la reunión fue la necesidad de un plan interinstitucional entre la Fiscalía y el Gobierno del Estado para la exhumación de fosas comunes, una demanda recurrente de los colectivos.
Además, se hizo énfasis en la falta de reconocimiento a las buscadoras como defensoras de derechos humanos dentro del Mecanismo Federal de Protección, lo que ha dejado a muchas de ellas sin medidas de seguridad adecuadas.
“El sistema estatal de protección es el más cercano a las víctimas y debe reforzarse, pero no hay confianza en los mecanismos municipales”, advirtió Lorusso.
Las buscadoras y activistas recalcaron que su labor en los barrios y comunidades les ha permitido conocer de primera mano la dimensión de la crisis, exigiendo a las autoridades que se fortalezcan las estrategias de protección, búsqueda e identificación para frenar la impunidad en el estado.
